MEXICALI BC (SBC).- Los conflictos de interés son el precursor y el común denominador de los actos de corrupción en México, donde no hay interés del ciudadano ni de los organismos encargados para prevenirlos, señaló el examinador de fraudes certificado, Oscar Cota Magallanes.
El también miembro de la Comisión de la Prevención del Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, expuso lo anterior en el desayuno semanal del Colegio de Contadores Públicos de Mexicali (CCPM) que preside María Elena Douglas del Toro.
En dicha sesión habló acerca de los conflictos de intereses y corrupción que se dan en todas las instancias públicas y privadas donde la intervención gubernamental para tratar la problemática ha sido poca.
Sin embrago, reconoció que ha habido numerosos esfuerzos al respecto empezando por el Sistema Estatal Anticorrupción, en donde mientras no cuenten con mecanismos debidamente armados para llevar a cabo esta acción de combate a la corrupción no van a funcionar nunca.
Indicó que la falta de una coordinación adecuada en el Sistema Estatal Anticorrupción, para que se acaben estas prácticas que generan un conflicto de interés en las instancias privadas como gubernamentales, es un aliciente para que los delincuentes comunes o de cuello blanco sigan cometiendo delitos.
Por ejemplo, Cota Magallanes dijo que en Baja California apenas si se habla del fiscal anticorrupción considerando que la legislación anticorrupción ya tiene años y como no se termina de integrar nunca vamos a empezar siquiera a tratar este tema”.
“No hay una apreciación adecuada por parte del ciudadano en general, ni de los organismos en cuanto a los conflictos de interés para prevenirlos o tratarlos”, precisó.
Incluso denunció que en el poder judicial hay una problemática de nepotismo, ya que existe una preferencia por la contratación de amigos cercanos o familiares, donde el amiguismo y el nepotismo deberían ser tratados por organismos públicos que no lo hacen.
Oscar Cota mencionó que también se debe orientar y alertar a los contadores sobre esta mala práctica y concientizarlos al respecto, ya que tienen un código de ética muy amplio y requieren estar al tanto.
Afirmó que cuando participó en el diseño del actual Sistema Estatal Anticorrupción, pudo constatar que en Baja California hay una muy deficiente coordinación institucional para que los órganos investigadores de corrupción y de conflictos de interés funcionen o trabajen de acuerdo a las mejores prácticas, pero para lograrlo debe haber mejores mecanismos que de verdad funcionen.
“Es decir que primero las fiscalías sean autónomas y que la información con la que cuenta tanto el sistema bancario como el sistema financiero y la unidad de inteligencia financiera estén a disposición de los órganos investigadores de corrupción”, concluyó.
