El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, pidió que se desestimen las denuncias penales en contra de los consejeras del instituto por aplazar la consulta de revocación de mandato, luego de que Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados, anunció que se desistió del recurso.
Por medio de un video difundido en sus redes sociales, Lorenzo Córdova indicó que la denuncia hecha por Sergio Gutiérrez contra los servidores públicos se persigue de oficio, por lo que sigue su proceso en la Fiscalía General de la República (FGR).
“Es un acto que recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios (pues) perseguir a servidores públicos, por tomar acuerdos y recurrir a otros poderes para tratar de cumplir con sus responsabilidades legales, implica criminalizar el derecho a disentir”, dijo Córdova.
Agregó que lo que lo ocurrido es muy grave pues “se traspasó una frontera que debería ser infranqueable y en la que se sustenta todo el arreglo democrático” ya que, aseguró, “se quiso usar el brazo penal del estado para amedrentar y amenazar a miembros de un órgano del mismo Estado por el simple hecho de que piensan distinto”.
“Es grave que el presidente de un poder, en el que además está representada la pluralidad de la nación, haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él”, dijo el consejero presidente del INE.
Realizan trabajos para consulta de revocación
En la grabación, el presidente del INE aseguró que siguen los trabajos del instituto para organizar la revocación de mandato, a pesar de no contar con los recursos necesarios para organizarla con las características que exige la ley.
“En acatamiento a un acuerdo de la Comisión de receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una sentencia del Tribunal Electoral, el pasado jueves el Consejo General acordó continuar con los trabajos y hacer un nuevo esfuerzo por tratar de incrementar los mil 503 millones de pesos que hasta ahora logramos reunir”, mencionó Córdova.
También enfatizó que el costo de la consulta que la ley exige para la revocación de mandato es de tres mil 800 millones de pesos; sin embargo, la consulta se hará con menos recursos pero sin afectar y comprometer las facultades constitucionales del INE y los derechos laborales de quienes trabajan en el instituto.
Refrendó que el INE se encuentra en disposición para que el proceso de revocación de mandato se lleve a cabo con las características que estipula la constitución, por lo que a veces se han tomado decisiones “polémicas y controvertidas que se han considerado necesarias”, pero esto, asegura, no debería ser motivo de censura ni persecución penal o política.
