* La iniciativa reforma el contenido actual del artículo séptimo transitorio del Decreto 274.
Semanario Balún Canán/ Mexicali, B.C., (SBC).- Fue aprobada la iniciativa presentada por el Diputado Román Cota Muñoz, para reformar el contenido actual del artículo séptimo transitorio del Decreto 274, publicado el 2 de febrero de 2007 en el Periódico Oficial del Estado, ya que provoca tratos diferenciados entre Jueces y Magistrados del Poder Judicial del Estado de Baja California, sin que ello encuentre una justificación constitucionalmente válida.
El Diputado Ramón Cota Muñoz, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios de la XXIV Legislatura del Congreso de Baja California señaló que el Decreto antes mencionado no resultará aplicable, ni surtirá ningún efecto jurídico sobre aquellos jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado, nombrados antes del 2 de febrero de 2007.
Aseguró que es importante la iniciativa, ya que cuando el Decreto 274 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California surta sus efectos jurídicos, producirá una violación constitucional en aquellos servidores públicos que ya se desempeñaban como juzgadores antes de su publicación.
“Antes del 2 de febrero de 2007 los juzgadores se regían normas jurídicas distintas, las cuales fueron modificadas con el Decreto, y este hecho o nueva realidad, produce una afectación a la esfera jurídica de esas personas, porque existe una variación normativa importante antes y después de la reforma”, indicó el Diputado emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Román Cota.
Será modificada la porción normativa relativa a “Los Jueces serán designados en los términos de esta Constitución y la Ley; durarán cinco años en el cargo, y podrán ser ratificados hasta por dos periodos más, cuando se distingan en el ejercicio de sus funciones y una vez que fueren evaluados atendiendo a los criterios objetivos que disponga la Ley. En ningún caso podrán permanecer por más de quince años en el cargo”
Con la aprobación de esta iniciativa, presentada el 15 de septiembre de 2021, se ahorrará a las arcas estatales un aproximado de entre 40 y 50 millones de pesos, por las posibles demandas que se presentarían y la reinstalación de los jueces que demanden, ya que suman 22 jueces los afectados con el Decreto en sus actuales normas.
