* Si al año no dan resultados en materia de seguridad, que se les despida.
Semanario Balún Canán/ TIJUANA, B. C., (SBC).- Para el Colegio de Abogados José Luis Molina Magaña es urgente que las autoridades tomen cartas en cuanto al tema de la inseguridad, ya que el clima de impunidad prevalece en todo el estado, por lo que propone que se impongan plazos a los funcionarios para dar resultados.
Así lo expresó el presidente del Colegio, Lic. Abraham Montes Zavala, quien señaló que a pesar del cambio de administraciones tanto municipal como estatal, los hechos violentos y homicidios continúan en la región.
“La situación es que la impunidad genera delincuencia y, desgraciadamente, de los delitos que se denuncian son pocos los que logran sentencias condenatorias, sin mencionar la cifra negra de delitos que no se denuncian”, comentó.
El dirigente consideró que hace falta mucha voluntad tanto política como de las personas que están al frente de la Fiscalía y en la prevención del delito, toda vez que los delincuentes actúan de una forma descarada, donde quieren, como quieren, y no pasa nada.
“Falta inteligencia policiaca para que tengan operativos certeros y detengan a las personas que andan haciendo mucho daño en la ciudad, aunque esto no es solo en Tijuana, sino en todo el estado”, afirmó.
Al respecto, el Lic. José Luis Molina Magaña, expresidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California A.C. (Fedabo), indicó que esto es responsabilidad de la actual mandataria estatal.
“La inseguridad genera muchos trastornos para los inversionistas, porque a los empresarios les crea otros costos al tener que contratar seguridad privada, entonces se requiere que las autoridades tomen cartas en el asunto”, anotó.
En ese sentido, mencionó que el Colegio de Abogados José Luis Molina Magaña emitirá una propuesta por escrito al Congreso del Estado para que se mejore la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado.
Dicha propuesta consiste en otorgar un término de seis meses a los funcionarios de las áreas de seguridad para que den resultados, como primer aviso y, si no cumplen, que se les despida al año en funciones.
“Es un rubro que se debe atender y el Congreso es corresponsable, ya que ahí es donde la sociedad se encuentra desprovista de ese apoyo que debería tener de la autoridad”, finalizó.
