Tras comparar las funciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) con el Instituto Nacional Electoral (INE), dado que asume la totalidad de sus funciones, Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), expuso que la actual administración tiene la meta de concluir con el rezago que existe en las juntas de conciliación locales y especiales, respecto a los juicios laborales, a fin entrar de lleno al modelo laboral que ya empezó a dar resultados.
Este 3 de noviembre no sólo entraron en función 13 entidades federativas con el nuevo modelo laboral, sino que, el Centro Federal Laboral asumió la función registral de sindicatos y contratos colectivos en todo el país.
“Por primera vez tendremos un registro único de sindicatos. Cualquier ciudadano podrá acceder y conocer estatutos, directivas, vigencias, padrones, reglamentos interiores y todos los registros serán abiertos y a la luz de la ciudadanía. De igual manera, se tendrá un registro único de contratos colectivos de acceso universal”, expresó.
Así, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral “tiene la función de dar seguimiento a los procesos de democracia. Es una especie de INE en materia laboral, recibe denuncias, acude y verifica que los procesos se hayan realizado a través del voto personal, libre, secreto y directo; que no haya ningún tipo de intimidación y da seguimiento a las legitimaciones de contratos colectivos de trabajo”, explicó en breve entrevista.
En las nueva oficinas del Centro Federal, la secretaría de Trabajo afirmó que “con este nuevo andamiaje, estamos acabando con los interminables juicios laborales, no tendrá cabida el formalismo excesivo el abuso procesal, la chicana, el coyotaje, ni las malas prácticas y vicios que colocaron la justicia en manos de una industria de litigio que se especializó en desgastar a las partes y retrasar acuerdos y saturar a las instituciones de gobierno”.
Ante la presencia de líderes sindicales de todas las corrientes, así como el sector empresarial y organismos internacionales como la OIT, Alcalde Luján expuso algunos de los resultados que se tienen de la primera etapa de la implementación de la reforma laboral en la que ya se encuentran ocho estados desde noviembre de 2020; entre estos, la resolución de conflictos por la vía de la conciliación es de 75%; mientras que 86% de ellos se realizan en la primera audiencia; y en caso de ir a juicio, se dicta sentencia en un promedio de 3.5 a 4.5 meses.
El poder judicial
En cuando a la creación de los Tribunales Laborales, dijo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas, “la implementación de la reforma ha sido un desafío sin precedentes, como compromiso de Estado, para todos los involucrados, pero en especial para el poder Judicial de la Federación por las dimensiones de su responsabilidad”.
En ese sentido recalcó que la duración de los juicios en procedimientos ordinarios ha pasado de aproximadamente 4 años a un promedio de 4.5 meses; los juicios de conflictos individuales de seguridad social se están resolviendo en 4.3 meses; los procedimientos especiales individuales alrededor de 4.1 meses, y los procedimientos especiales colectivos en un lapso de 2.7 meses.
Reconoció que falta la tercera etapa y consecuentemente “hay que decirlo claramente, queda mucho trabajo por hacer todavía, seguramente concluiremos en mayo del próximo año con la tercera y última etapa, a fin de que el nuevo sistema de justicia laboral esté funcionando en todo nuestro país a nivel federal y local”.
