Los representantes del gobierno y la oposición de Venezuela inician este viernes en la capital de México las primeras deliberaciones del proceso de diálogo que tendrá entre los temas claves la definición de condiciones electorales y el levantamiento de las sanciones económicas.
A dos semanas de la firma de un memorando de entendimiento que marcó el arranque del proceso, los delegados del presidente Nicolás Maduro y de la oposición, encabezada por Juan Guaidó, se verán de nuevo las caras la tarde de este viernes para comenzar formalmente los diálogos con una agenda de siete puntos. La primera ronda de conversaciones se espera que concluya el 6 de septiembre.
Tanto la excarcelación del dirigente opositor Freddy Guevara ocurrida el 15 de agosto, así como la decisión que tomó esta semana la coalición opositora de participar en las elecciones regionales previstas para noviembre han sido consideradas por las partes como los primeros resultados del incipiente proceso que se prevé que se extenderá por al menos seis meses.
Pasado el mediodía llegó a la capital mexicana la delegación del gobierno encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, e integrada además por los diputados Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario, y Francisco Torrealba, informó el viernes el Legislativo venezolano en su cuenta de Twitter.
Maduro indicó esta semana que su delegación exigirá en las primeras deliberaciones el levantamiento de las sanciones económicas que enfrenta el gobierno desde hace más de tres años, y la entrega de algunos activos del Estado venezolano en el exterior que están congelados.
El gobernante precisó que el planteamiento que presentarán sus delegados contiene “todas las exigencias económicas para la recuperación de la economía del país y para que se devuelva el oro secuestrado en el Banco de Inglaterra, que se devuelvan todas las cuentas bancarias y se levanten todas las sanciones contra Petróleos de Venezuela”.
Aunque la suspensión de las sanciones económicas es uno de los puntos de discusión en las negociaciones, la decisión final sobre ese tema está en manos del gobierno de Joe Biden. Al respecto el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo el mes pasado que “el régimen de Maduro puede crear un camino hacia el alivio de las sanciones permitiendo a los venezolanos participar en elecciones presidenciales, parlamentarias y locales libres y justas que deberían haberse celebrado hace tiempo”.
Washington levantó en julio una sanción para permitir a las compañías no estadounidenses exportar a Venezuela gas licuado de petróleo que es utilizado para cocinar. La decisión fue considerada como un “gesto de buena fe” para promover el diálogo.
Juan Guaidó pide garantías para las elecciones
Antes del inicio de la nueva fase del proceso Guaidó exigió al gobernante venezolano garantías para los próximos comicios.
“Nuestro objetivo es lograr un acuerdo que solucione el conflicto a través de una elección presidencial y parlamentaria libre y justa, con garantías”, dijo el viernes el opositor, que ha sido reconocido por medio centenar de países como presidente encargado de Venezuela.
En un mensaje que se difundió en las redes sociales Guaidó indicó que “no somos espectadores pasivos de un proceso, debemos y vamos a tomar acción para salvar a Venezuela. En México con la comunidad internacional y en Venezuela en nuestras calles”.
Entre los analistas no hay mayores expectativas de que en estos diálogos se llegue acuerdos en materia electoral debido a que hasta el momento Maduro no ha mostrado señales de estar dispuesto a aceptar las exigencias de la oposición y la comunidad internacional para que se den en Venezuela unas elecciones con condiciones y garantías democráticas.
De acuerdo a lo previsto en el memorando de entendimiento, que se firmó el 13 de agosto, en estos diálogos se abordará una amplia agenda que incluirán: la definición de garantías electorales y un cronograma para elecciones observables; el levantamiento de las sanciones; la restauración de derechos a activos; el respeto al Estado constitucional; la convivencia política y social; la renuncia a la violencia; la reparación de las víctimas de la violencia, y la protección de la economía y la población.
Luego del fracaso de cinco intentos de diálogos en los últimos siete años, la comunidad internacional apuesta a que en esta oportunidad se abra el camino a una solución negociada y electoral a la compleja crisis económica y social que golpea a Venezuela que ha generado en los últimos años la migración de más de cinco millones de personas que representan más del 10% de su población.
Al igual que el proceso se dio en el 2019, Noruega participa en estas negociaciones como mediador mientras que Rusia y Holanda actuarán como acompañantes de las delegaciones de Maduro y la oposición.
La organización Human Rights Watch exhortó esta semana a las partes, a través de sus director para las Américas José Miguel Vivanco, a comprometerse en la mesa de diálogos en adoptar medidas para restablecer el respeto a los derechos humanos y permitir que se realicen elecciones libres.
“Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria y de derechos humanos devastadora que debería ser el eje central de cualquier negociación política”, dijo Vivanco en un comunicado.
Venezuela ha enfrentado por más de una década una compleja situación económica, social y política que se profundizó en el último año debido a la crisis generada por la pandemia de coronavirus que agravó la paralización económica, la hiperinflación de cuatro dígitos, la pobreza y el colapsado sistema de salud.
