Un tribunal federal concluyó que la investigación del caso Iguala, realizada por la Procuraduría General de la República no fue “pronta, efectiva, independiente, ni imparcial”.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, concedió un amparo en el que determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fueron obtenidas mediante tortura.
Ante las graves violaciones a los derechos humanos, como lo son la tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, detectadas por los magistrados, además de que se ordenó la investigación de la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, determinaron crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), pues señalaron que en México no se cuenta con una Fiscalía independiente.
La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación.
“Los dos primeros decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar, y podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos”, informó el Colegiado.
Los magistrados ordenaron la reposición del procedimiento para que se aplique el Protocolo de Estambul a los coinculpados que son Miguel Ángel Landa Bahena “El Chquel” o “Duvalín” y Gildardo López Astudillo “El cabo Gil” y que el ministerio público federal presente los dictámenes correspondientes.
