CIUDAD DE MÉXICO (SBC).- Tan solo en el actual proceso electoral se han cometido 305 agresiones contra políticos y autoridades en todo el país, de las cuales 94 se han traducido en asesinatos, lo que vulnera gravemente la democracia de México, señaló la Vicecoordinadora de Proceso Legislativo de su bancada en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández.
Recordó que abril, se dio a conocer el lamentable caso de los tres estudiantes de cinematografía de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara que desaparecieron en el municipio de Tonalá, estado de Jalisco, quienes fueron secuestrados por miembros del crimen organizado y sus cuerpos fueron disueltos en ácido de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco.
La violencia, indicó, no solo tiene impacto negativo en la forma de vivir de los ciudadanos, sino también repercute en el tema económico, en donde datos del Índice de Paz México, refieren que el impacto económico de la violencia en país, tan solo en el año 2017, alcanzó la cifra de 4.72 billones de pesos (249 mil millones de dólares), cifra que equivale al 21% del PIB nacional y lo ubica como uno de los mayores porcentajes en el mundo.
“La descomposición de un país inicia con la impunidad y la corrupción, no podemos seguir permitiendo que México sea –secuestrado- por el crimen organizado y por un gobierno incapaz de ofrecerle a la población la seguridad que constitucionalmente está obligado a ofrecer” dijo.
Talavera Hernández informó que a través de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhortó a la Secretaría de Gobernación, para que, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus atribuciones, implementen estrategias eficaces para fortalecer las políticas de seguridad pública y las acciones en materia de prevención del delito, con el objetivo hacerle frente a la alarmante y urgente situación de inseguridad en el país.
El fracaso del Estado, dijo, se ha definido como su incapacidad para proveer los bienes políticos fundamentales asociados con la estatalidad: seguridad física, instituciones políticas legítimas, administración de la economía y bienestar social en donde el gobierno le queda a deber grandemente a los mexicanos.
La legisladora federal indicó cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, infieren que tan solo en el mes de marzo del 2018 se cometieron un total de 155 mil 431 delitos, destacando a los estados de México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Baja California respectivamente, donde se cometen más delitos.
Agregó que datos de la Organización ciudadana Semáforo Delictivo, en su reporte del grado de violencia en el país del primer trimestre del 2018, señalan una alza respecto al año anterior en delitos como homicidio con un 16%, narcomenudeo 37%, robo a vehículos 7% y feminicidio 18%.
En México, tenemos que garantizar el derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro, garantizando a sus habitantes una paz justa, sostenible y duradera, puntualizó.
