MEXICALI BC (SBC).- El fiscal general del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández, compareció ante el Congreso del Estado para informar las actividades realizadas en el primer año de labores al frente de la dependencia a su cargo.
La anfitriona de la comparecencia fue la presidenta del Congreso local, diputada Eva Griselda Rodríguez, quien dirigió los trabajos en los que participó la secretaria de la Mesa Directiva, diputada María Luisa Villalobos Ávila, así como las diputadas Julia Andrea González Quiroz y Evangelina Moreno Guerra, también integrantes de la directiva.
En su mensaje inicial, el compareciente argumentó que los protocolos establecidos a causa del Covid-19 han dificultado algunas labores debido al cierre de oficinas y a la sana distancia obligada, pero, sin embargo, a pesar de las limitaciones han logrado disminuir hechos delictivos.
La respuesta a los cuestionamientos que le hicieron las y los congresistas, entre quienes figuraron también las diputadas Eva María Vázquez Hernández, Claudia Agatón Muñiz y María Trinidad Vaca Chacón, así como Eli Topete Robles, el funcionario sostuvo que en el tiempo que ha fungido como fiscal estatal se han girado más de 400 órdenes de aprehensión en contra de presuntos homicidas, gracias a investigaciones basadas en inteligencia.
Dijo que, sin embargo, hacen falta juzgados cívicos para atender delitos menores y puso el ejemplo de robo de bicicletas o daños patrimoniales, en los que se puede llegar a acuerdos para no distraer a los detectives en la investigación de faltas graves.
Para esto -agregó- hace falta el apoyo del Congreso local para crear este tipo de tribunales, que podrían asignarse a los actuales juzgados calificadores.
También subrayó la creación de la escuela preparatoria militar, la cual crea elementos para incluirlos en los cuerpos policíacos, que son ingresados bajo estrictos exámenes de aceptación. Explicó que cada que lanzan la convocatoria de inscripción, de cada 100 aspirantes, apenas son aceptados ocho.
Al respecto, el diputado Efrén Moreno Rivera preguntó el porqué de esa exigencia, a lo que el fiscal respondió que los aspirantes deben aprobar pruebas muy severas que garanticen la capacidad y confiabilidad para el desempeño de la labor policíaca.
Por su parte, la diputada ensenadense, Claudia Agatón Muñiz, cuestionó a la estrategia que desarrolla la Fiscalía para atender las denuncias por desaparición de personas, así como el trabajo de la “patrulla juvenil” de Ensenada, en qué nivel se encuentra, a lo que el funcionario respondió que existen 2, 400 expedientes que son investigados, pero no siempre se trata de secuestros, ya que en ocasiones son personas que son halladas en campos de trabajo.
El diputado Elí Topete preguntó que hace la FGE para combatir los “After”, sitios que congregan a jóvenes en salones o casas particulares para venderles tanto bebidas alcohólicas, sin tener el respectivo permiso de las autoridades, como drogas.
Al respecto, el fiscal aceptó tener conocimiento de ello, pero adujo que cuando llegan a tratar de clausurar el lugar y detener a los responsables, estos aseguran tener autorización y como no pueden ingresar los agentes sin una orden de cateo, mientras van a conseguirla, cuando regresan, el sitio está abandonado, por lo que debe actualizarse la ley para combatir estos tugurios ilegales.
En su turno el diputado Miguel Ángel Bujanda preguntó que planes tienen para las academias militarizadas en el ejercicio 2020-2021, a lo cual le respondió que se planea iniciar la tercera en San Felipe, luego Ensenada y continuar en San Quintín, aunque señaló que esto requerirá de una gran inversión.
A la diputada Miriam Cano le contestó que se trabaja en San Quintín para combatir la violencia de género a través de la Agencia del Ministerio Público para proteger a las y tener un ambiente libre de “violencia de género”.
También le dio respuesta a la diputada Eva María Vázquez en torno a la implementación de acuerdos reparatorios, acerca de los cuales Ruiz Hernández afirmó tener buenos resultados.
