TIJUANA BC (SBC).- Las ciudades que colindan a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos enfrentan desafíos comunes, dado que comparten un mismo ecosistema como región, por lo que se requiere tolerancia y colaboración para forjar una gobernanza ambiental que permita avanzar hacia la sustentabilidad.
Así lo consideró el ingeniero José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), recordando que, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la cooperación es vital para lograr una gobernanza eficaz y transitar hacia un futuro más sostenible.
“La gobernanza ambiental abarca reglamentaciones, prácticas, políticas e instituciones que configuran el modo en que la gente interactúa con el medio ambiente; la buena gobernanza ambiental considera la función de cada actor, desde gobiernos, hasta las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el sector privado y la sociedad civil”, dijo citando el PNUMA.
En el caso de la cuenca del Río Tijuana, explicó que desde hace décadas los actores locales binacionales estudian y discuten el manejo y gestión de residuos, agua y aire; son nuevos y viejos actores nunca exentos de controversia, como es natural en la diversidad sociocultural que significa esta asimetría de cultura y países.
“Son roles diferentes de los ciudadanos en el gobierno, por el país y según el nivel; en la academia; en empresas; el papel de activistas, estudiantes y colegios de profesionistas, todos en conjunto, articulados actuando en las variables de la sustentabilidad, que son economía, sociedad y medio ambiente”, complementó.
José Carmelo Zavala enfatizó que hoy las organizaciones de la sociedad civil (OSC) adquieren una relevancia protagónica en la gobernanza ambiental y en la construcción de políticas públicas que logren articular intereses diversos, para bien y para mal.
Afirmó que no podría entenderse el éxito relativo de destinar una pequeña parte de agua del Rio Colorado para revivir el Delta, sin la participación del Sonora Institute, de Pronatura y del Fondo para la Defensa del Medio Ambiente (EDF, en inglés), aunque tampoco están exentos de crítica.
“Fue relevante el papel de OSC´s internacionales en un programa de protección de la vaquita marina en el Alto Golfo, pero no estuvo exento de controversia por su éxito limitado, al aplicar gran cantidad de recursos sin tomar en cuenta debidamente a los pescadores, como se refleja en los momentos tensos y violentos que se han presentado”, opinó.
Añadió que hoy las grandes corporaciones y grandes organizaciones globales, con una capacidad de gestión que supera a la de gobiernos nacionales, logran el éxito del comercio por caminos no regulados, como UBER, las páginas de Facebook, los grupos de Whatsapp, todo mezclado con medio ambiente y sustentabilidad.
“Hoy vemos cómo, para bien y para mal, existen corporaciones comerciales como Walmart, IKEA, Coca Cola, Nestlé, entre otras, a veces tienen regulaciones corporativas más exigentes que la norma nacional y también con prácticas diferenciadas a las de su país de origen”, señaló.
Hoy, agregó, grandes grupos ambientales como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y Greenpeace, con campañas y políticas internacionales inducen y alinean a las políticas nacionales; son gigantes globales que subcontratan empresas y organizaciones locales para las operaciones en campo y de alcance regional.
En un caso local, citó el embargo atunero que acabó con la industria atunera en Ensenada, que representaba el 45 por ciento de esta industria en el país; recordó que después se supo que grupos ambientales en Estados Unidos fueron contratados por la industria atunera de ese país, con una comisión de centavos por cada etiqueta “Delfin safe”.
“Son guerras comerciales con argumentos ambientales; la Salina de San Ignacio no se desarrolló por el riesgo que corrían las ballenas; con el tiempo sabemos que los australianos contrataron grupos ambientales en una campaña mundial en defensa de las ballenas; hoy se reconoce que conviven sin riesgo en la salinera de Guerrero Negro, mientras Australia sigue dominando el mercado mundial de la sal”, remarcó.
El gobierno mexicano también utiliza estos mecanismos, opinó, al obstaculizar el comercio de segunda mano de carros o llantas para proteger a la llamada “industria nacional”, usando para esto argumentos ambientales, aunque parcialmente, porque no se reconoce el beneficio ambiental del reúso.
Destacó que la frontera es un laboratorio de gobernanza ambiental, donde las jurisdicciones y competencias de los gobiernos federales de México y Estados Unidos se encuentran y dirimen controversias en un ecosistema compartido, el cual no es tan diferente al interior de cada país, solo que no empatan los interlocutores.
“En México el agua es propiedad de la nación y en Estados Unidos no; allá los programas de salud pública se enfocan en la tercera edad, como lo obliga su pirámide poblacional, y aquí se enfoca en la infancia y juventud, acorde a nuestra estructura poblacional; allá la contaminación del agua se enfoca en metales pesados y aquí en microbiología”, comentó.
En Estados Unidos, continuó, las instalaciones militares no son sujetas de regulación ambiental, en México esto es algo incierto; además, en nuestro país los funcionarios de gobierno no lideran abiertamente OSC´s, es más, se definen como ONG, aunque esto ha ido cambiando.
“Hasta hace muy poco, las ONG no recibían dinero fiscal para conservarse libres de intereses y no ser cooptadas por gobiernos o empresas, pero esto cambió relativamente; hoy las empresas tienen sus propias fundaciones y OSC´s, y los gobiernos tienen presupuestos para hacer alianzas con la sociedad civil organizada”, precisó.
