CIUDAD DE MÉXICO (SBC).- Es urgente que el gobierno federal deje de dar largas a los mexicanos y de una vez por todas atienda la demanda para regularizar los “autos chocolate”, es decir, los vehículos de procedencia extranjera internados en el país, principalmente en estados fronterizos como Baja California, porque al tener una base de datos confiable se podrá prevenir que dichos vehículos sean utilizados para realizar actos delictivos, afirmó la Vicecoordinadora de Acción Nacional en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández.
La legisladora recordó que a lo largo de la Legislatura ha presentado diversos puntos de acuerdo, mismos que se aprobaron tanto en el pleno de la Cámara de Diputados como en la Comisión Permanente y que no han sido cristalizados por falta de sensibilidad política del Gobierno federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía.
Señaló que ésta es una legítima demanda ciudadana que hoy el PRI quiere capitalizar con fines electorales mediante un certificado que propone su candidato presidencial, José Antonio Meade, pero que ni así resuelve el problema, porque el propio Meade se negó a resolver el problema cuando fue secretario de Hacienda.
“Hoy el Presidente de la República tiene en sus manos voltear a Baja California y más allá de acciones electoreras, puede cumplir con una necesidad urgente que ayude a inhibir la fallida estrategia de seguridad en el Estado, para tratar de recuperar la paz y la competitividad en la entidad” dijo Talavera Hernández.
En este sentido, la legisladora subrayó que éste 8 de mayo se publicó en la gaceta de la Comisión Permanente, una proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y de Economía a que, en coordinación con el titular del Ejecutivo Estatal de Baja California y de la Secretaría de Planeación y Finanzas de la entidad, realicen un programa de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera internados en el estado de Baja California.
Para recalcar la urgencia de contar con este padrón, el gobernador Francisco Vega de la Madrid manifestó que gran parte de los delitos que se cometen en la entidad ocurren en automóviles irregulares, señalando expresamente que en el estado de Baja California “se tiene un problema en el orden de la seguridad, ya que se tienen muchos episodios en materia de inseguridad, que se llevan a cabo en carros irregulares y esto dificulta tremendamente las investigaciones”.
Pero los llamados han sido constantes desde varios años atrás, por ejemplo, en mayo de 2016, el titular de la Subprocuraduría de Justicia en el Estado Baja California señaló que se reportaban al 066 aproximadamente entre 600 y 800 vehículos robados cada mes; refiriendo que de esa cantidad entre el 75 y 80 por ciento son unidades irregulares.
La Diputada Talavera Hernández recordó que a nivel nacional, Baja California ocupó durante el 2017, el segundo lugar en robo a negocio; tercer lugar en robo con violencia, en robo a casa habitación y en robo a transeúnte; cuarto lugar en homicidio doloso.
Refirió que Peña Nieto o los legisladores del PRI-Verde tienen la facultad de emitir un decreto a través del cual, pueda iniciar un programa de regularización de más de medio millón de unidades que transitan por Baja California de manera irregular.
“Desgraciadamente, dijo, la falta de una adecuada estrategia de registro de automóviles en el país está dejando abierta la posibilidad de que los automóviles se vuelvan parte de un arma más para los delincuentes, pues uno de cada cinco automóviles robados es utilizado para cometer otro delito, en su mayoría grave, como el secuestro u homicidio”, esto según datos de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA).
Puntualizó que con la implementación un programa de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera en el estado de Baja California, se protegería a las personas y la seguridad jurídica de sus bienes, además dicha acción permitiría la inscripción de los vehículos al padrón vehicular correspondiente, mediante el pago de impuestos y derechos, acciones que además protegerían la infraestructura carretera y el medio ambiente.
