* Representantes del consoncio fueron señalados por adeudar $8.1 mdp por derechos de conexión;, intentaron desmentir al gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, y a la auditora Fisamex, a través de una nota periodística.
* Se han dictaminado 1,076 empresas en BC por adeudos de agua y otros conceptos, que representan un monto global por $2 mil 477 mdp; han recuperado $794 mdp.
TIJUANA, B.C., (SBC).- El Parque Industrial PIMSA 1, reconoció el adeudo que tiene con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), por el orden de los $8.1 millones de pesos por derechos de conexión, y se comprometió a liquidarlo el próximo viernes 31 de julio del año en curso.
Lo anterior fue revelado por la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, al ofrecer el resultado de las investigaciones que se desprenden de las inspecciones a grandes deudores de agua y otros conceptos, que realiza el Gobierno del Estado a través de la empresa auditora Fisamex.
En la video-conferencia del gobernador Jaime Bonilla Valdez, indicó que a pesar de que el citado parque industrial, por conducto de su vicepresidente, Francisco Fiorentini Cañedo, desmintiera -a través de una nota periodística- al mandatario estatal y a la auditora Fisamex, con respecto al monto adeudado; finalmente asumieron su responsabilidad.
“Nos sentamos, revisamos documentación, cotejamos con ellos y nos van a pagar el viernes (31 de julio); se comprometieron, les dimos un plazo para entregar documentación, ahora estamos revisando otros tres parques, porque tienen cuatro”, expuso.
Intervino el gobernador para comentar que se les debió cortar el servicio inmediatamente; no obstante, la secretaria Espinosa Martínez aclaró que, aunque tienen la facultad de hacerlo, hay un estado de derecho y se les permitió su defensa.
Por otro lado, la titular de la SHFP informó que a la fecha han dictaminado en el estado 1,076 empresas, que representan un monto global de adeudo por $2 mil 477 millones de pesos, de los cuales se han recuperado $794 millones de pesos.
Con respecto al número de empresas dictaminadas y los montos de afectación por ciudad, Espinosa Martínez dijo que, en Tijuana, suman 955 empresas que registran un monto de adeudo por $2,061 mdp, de los cuales se han recuperado $686 mdp.
En el caso de Mexicali, son 55 empresas con $258 mdp de adeudo y $91 mdp recuperados; Tecate tiene 45 empresas dictaminadas con un monto recuperado por $9 mdp; finalmente, en Ensenada son 21 empresas referidas, con $72 millones de adeudo global, de las cuales se ha recuperado $8.2 mdp.
Comentó que en el caso de Tijuana suman 36 denuncias penales , 40 carpetas de investigación y 138 funcionarios involucrados; en Mexicali ya existe una denuncia penal, en tanto que en Tecate y Ensenada están por iniciar con las denuncias y la integración de las carpetas.
En este sentido, el gobernador Bonilla Valdez precisó: “Es impresionante el trabajo que se está haciendo, hay que aclarar que el dinero que se recupere se va al municipio que le pertenece para inyectarse en infraestructura y reparar drenaje; la razón por la que divulgamos el nombre de la empresa es para que ustedes sepan quienes son los deudores y ustedes mismos les hagan extrañamientos”.
Advirtió que las empresas que no están pagando por los servicios deben asumir su responsabilidad; “Ellos le apuestan a que el gobierno cambia y cambia el estado de ánimo en contra de ellos, al fin van a cooperar con las campañas del PRI y PAN, pero aquí se han topado con pared, porque nunca se los permitimos”.
Bonilla Valdez citó el caso de la empresa Calimax que firmó un cheque por 11 millones de pesos por un adeudo, con la leyenda “pago por lo indebido” y en este contexto dijo que: “Han usado la infraestructura, abusado de la CESPT, y cuando les dices que tienen que pagar de acuerdo a ley, dicen: ‘por qué?, si a mi nunca me habían aplicado la ley’?. Pues claro, estaban en una impunidad increíble, y eso se acabó, no hay vacas sagradas”.
Para concluir su participación, la secretaria de Honestidad, refirió dos denuncia penales que interpusieron, la primera contra un lavado de autos (Fraccionamiento El Florido, en Tijuana), donde se localizó servicios de red manipulada con conexión de manera directa, sin autorización de la CESPT, utilizada para el llenado de una cisterna; la otra denuncia, se trata de una empresa dedicada al transporte y venta de agua por medio de pipas, con domicilio en Cumbres de Popotla, en Playas de Rosarito, que realizaba una sustracción clandestina de agua de un tanque de la paraestatal, lo que es equiparable a robo de agua.
