* Hay quejas de que aprovechan la incautación de máquinas tragamonedas para robar comestibles, dinero de caja, y, para todo esto, desconectando y hasta llevándose las cámaras de vigilancia del negocio
* Ayer jueves 11 de junio no pudieron cometer sus agresiones, porque se previnieron abogados y medios
TIJUANA, B. C., (SBC).- Un grupo como de 50 propietarios de abarrotes denuncian que los policías estatales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) aprovechan los operativos de incautación de máquinas tragamonedas para hacer atracos a las tiendas.
Además, a varios los han golpeado y hasta les han sembrado droga, para justificar la “efectividad” de los operativos policiacos.
El día de ayer jueves 11 de junio por la tarde, intentaron hacer otro operativo, en el que seguramente habrían cometido otro de sus abusos, pero se previnieron abogados, un grupo de abarroteros y medios de comunicación, para grabar todo, y, por lo menos hasta caída la tarde no contaban todavía con la orden de cateo respectiva.
Las quejas son que, aprovechando la incautación de máquinas tragamonedas, se ponen a robar comestibles y dinero de las cajas, para todo lo cual desconectan y hasta se llevan las cámaras de vigilancia del negocio que, por cierto, clausuran.
El abogado Ricardo García, que representa a 50 abarroteros, acusó que el pasado 9 de mayo se publicó los resultados de un aparatoso operativo de incautación de 43 máquinas tragamonedas y, el consecuente cierre de 3 abarrotes, pero, en menos de 24 horas después, uno de esos establecimientos fue abierto, incluso, con sus máquinas devueltas.
Esa tienda reabierta se denomina “Abarrotes San José”, lo cual es sorprendente, pues otras personas afectadas llevan hasta mes y medio sin que todavía les abran, como es el caso de la señora María Rojas, a quien le destrozaron su tienda, incluyendo la puerta de entrada, y, después de los saqueos, le clausuraron, el 30 de abril pasado.
En el caso de la señora María Rojas señaló la Fiscalía (FGJE) que había una menor de edad jugando en las maquinitas tragamonedas, pero resulta que la muchacha, de nombre Socorro Rojas Lara, no tiene 15 ni 16 años de edad, sino 21 años, cuenta con su credencial de elector, y es empleada de su tía.
Ricardo García hizo énfasis en que no están en contra de que se incauten las máquinas tragamonedas, pero que no clausuren las tiendas, no solo porque no son propietarios de esas máquinas, sino que las rentan, y, las tiendas de abarrotes son el único sustento, lo cual agrava su situación económica, en medio de esta pandemia.
En el caso de ayer, el propietario del abarrote, ubicado por la Calle Sánchez Ayala, entre las avenidas Miguel F Martínez y Mutualismo, obtuvo el amparo 288/2020-D, para proteger sus pertenencias y su integridad personal, a sabiendas de los abusos policiacos que se han cometido en otros casos.
El abogado Ricardo García observó irregular que los agentes ministeriales ordenaron al abarrotero que no abriera desde las 12:00 horas del día, “porque la tienda estaba asegurada”, pese a que nunca mostraron la orden judicial de aseguramiento, y, la orden de cateo del juez de control, no llegaba ni caída la tarde.
Pese a todo eso, aproximadamente 7 camionetas con más de 20 policías ministeriales estatales estuvieron rondando el lugar y turnándose las guardias, así como también el grupo de abarroteros que se reunieron para respaldar a su compañero, para que no se cometieran abusos.
En ese contexto, Ricardo García también hizo la observación del gran movimiento policiaco para una pequeña tienda, cuando a diario hay ejecuciones y no se ve que se detenga a los sicarios que cometen esos homicidios.
En el caso del día de ayer, debido al movimiento de abogados, abarroteros y algunos medios de comunicación, se impidió lo que, según las quejas, cometen comúnmente: arremeten con violencia, desconectan o destruyen y hasta se llevan las cámaras de vigilancia, revuelven toda la tienda, saquean productos y dinero de la caja, y, si así lo quieren, hasta siembran drogas. Hasta después muestran la orden de cateo.
Para que un juez otorgue orden de cateo, debe haber pruebas de delitos, y en muchos casos no los han tenido, advirtió el abogado Ricardo García, quien concluyó diciendo que ya pidieron intervención de la Comisión Estatal (y Nacional) de los Derechos Humanos, y se manifestarán ante la FGJE contra los abusos que se cometen.
