MEXICALI BC (SBC).- Un grupo de permisionarios del transporte público del municipio de Playas de Rosarito presentaron, en Oficialía de Partes del Congreso del Estado, una demanda de juicio político en contra de la Alcaldesa de ese Municipio, Hilda Araceli Brown Figueredo por una violación flagrante al texto constitucional de Baja California, toda vez que se tomó atribuciones que solo le competen al Gobierno del Estado.
La demanda se basa en la aprobación de dictámenes donde se otorgaron más de cien permisos para taxis el pasado dieciocho de marzo, y está firmada por los permisionarios Agustín Sánchez Sánchez, Cirilo Gallegos Quiñonez, Jaime Martín Maldonado Maldonado, Antonio Vigil Amaro y Juan Vigil Amaro.
Lo hecho por la Presidenta Municipal no sólo atenta en contra del nuevo orden legal de Baja California sino constituye un golpe certero en contra de los permisionarios que hasta este día trabajan apegados a la normatividad en Playas de Rosarito.
En el Artículo Sexto Transitorio, del decreto que creó el Instituto de Movilidad del Estado se señala: “Sin perjuicio del artículo anterior los Ayuntamientos tienen prohibido expedir nuevas autorizaciones, permisos o concesiones; en caso de hacerlo estarán a lo previsto en la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado de Baja California”.
En virtud de lo anterior los permisionarios señalan que lo hecho por la Alcaldesa constituye un atentado frontal en contra del orden constitucional y legal del Estado, lo cual hace que se perfeccionen las hipótesis que dan origen a la procedencia del juicio político de los servidores públicos que autorizaron dichos permisos y que podrían traer como sanción su destitución.
