MEXICALI BC (SBC).- Con la pretensión de incorporar el concepto de adquisición sustentable y establecer mecanismos que contribuyan a mejorar el ambiente, el diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, presentó una Iniciativa de reforma a la Ley en la materia.
En su exposición de motivos, indicó que, de las definiciones de algunos autores, se infiere que el medio ambiente, es todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas en sociedad. Este tema no solo se trata del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también abarca a la sociedad, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos intangibles como la cultura y la educación en este aspecto.
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que el Estado realiza, detonan miles de empleos e inversiones. Adicionalmente, es necesario que tal como lo establece nuestra Carta Magna estas actividades sean sustentables.
Por ello consideró que es importante que el Estado en sus tres niveles de Gobierno predique con el ejemplo, llevando el desarrollo integral sustentable a la práctica.
En tal virtud presentó ante el Pleno, una Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para Baja California.
Tiene por objeto procurar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios que el Estado concurse y licite, favorezcan principalmente a aquellas empresas que procuren la preservación del medio ambiente.
Si analizamos el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal, encontraremos un gasto previsto cercano a 55 mil millones de pesos, -dijo- de los que una cantidad considerable está vinculada a adquisiciones, arrendamientos y servicios, los que debemos garantizar que protejan el medio ambiente.
“De ese tamaño es el reto, lograr que los recursos económicos utilizados por el Gobierno contribuyan a mejorar nuestro medio ambiente”, resaltó.
Para ello, Víctor Navarro propuso: otorgarle facultades a los comités de adquisiciones para que dicte las disposiciones administrativas de carácter obligatorio que contribuyan a mejorar al ambiente; promover el crecimiento y desarrollo de empresas comprometidas con el medio ambiente, y establecer en las bases de licitación y convocatorias públicas que los productos y servicios que protejan el medio ambiente, tendrán preferencia.
