TIJUANA BC (SBC).- En respuesta a dudas e inquietudes de transportistas de los cinco municipios de Baja California, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, les ofreció dejar sin efecto el decreto de creación del Instituto Estatal de Movilidad, en tanto se hace la revisión y las adecuaciones a la iniciativa de Ley Reglamentaria para ejercer sus funciones.
Pacientemente, el mandatario estatal escuchó durante casi dos horas a más de una docena de integrantes de diferentes medios, sin estar agendada la reunión que tuvo lugar en la sala audiovisual del Centro de Gobierno, para conocer sus inquietudes y temores por la eventual requisa de sus unidades, término que –dijeron-, está en el decreto aprobado recientemente, pero que no se ha ejercido.
El jefe del Ejecutivo estatal, estuvo acompañado de los secretarios General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano; de Hacienda, Adalberto González Higuera; y el director del recién creado Instituto Estatal de Movilidad, Rafael Echegollen. Presentes, en la primera fila con los transportistas, la alcaldesa de Playas de Rosarito, Aracely Brown Figueredo; y, el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles.
Los líderes del transporte público y varios de sus agremiados que hicieron uso de la voz ante el gobernador Bonilla Valdez, expusieron su desacuerdo en la Ley de Movilidad y Transporte en Baja California, que se presentaría al Congreso Local, para los efectos de las atribuciones del Instituto Estatal de Movilidad, que regirá el servicio del transporte público.
Luego de escuchar las exposiciones, el mandatario propuso al gremio dejar sin efecto la Ley de Movilidad y Transporte en Baja California, en virtud de las necesidades que presenta cada municipio, así mismo, se comprometió a poner en marcha mesas de trabajo para replantear la normatividad.
El secretario General de Transporte Masivo del municipio de Ensenada, Ismael Díaz, dijo que entre las inconformidades del gremio que representa, es el posible embargo o requisa de taxis por parte del gobierno, así como la desleal competencia de los taxis por apelación Uber, que los ha desplazado, “no pagan impuestos y afectan su fuente de trabajo”.
Ante ello, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, negó categóricamente que el gobierno que encabeza, realice un decomiso de vehículos de transporte público y expresó que “es falsa la noticia, no les vamos a quitar sus placas, ni sus unidades, tampoco afectaremos su patrimonio familiar”.
El mandatario estatal, recordó que en parte de sus compromisos de campaña es regularizar y poner orden al parque vehicular del transporte público, que durante años ha sido objeto de abusos de autoridad y corrupción, tráfico de influencias, y venta ilegal de permisos y concesiones.
Explicó que en el caso particular de Uber, también se pondrá orden, ya que estas plataformas no pagan impuestos al Gobierno del Estado, por lo que se procederá a elaborar un padrón de los vehículos que circulan en Baja California.
Los líderes transportistas de los municipios de Playas de Rosarito, Tecate, Mexicali, Tijuana y Ensenada, reiteraron al gobernador Jaime Bonilla Valdez, que el decreto de Movilidad y Transporte en Baja California, no puede ser aplicable para todo el Estado, ya que cada municipio presenta una necesidad diferente.
