Ensenada, B.C.- (SBC).- En atención a las denuncias ciudadanas por la contaminación que afecta a las familias de El Sauzal, además de los señalamientos hechos por inversionistas ante supuestas irregularidades de instalación y operación de compañías pesqueras, el presidente Armando Ayala Robles se comprometió a revisar a empresas instaladas en esa delegación.
Lo anterior luego de una reunión celebrada en Tijuana y por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, integrantes del gabinete estatal y del gobierno federal, además de representantes de la delegación citada.
Al encuentro acudieron, Olivia Valle, residente de la colonia Vista al Mar; los inversionistas David Lee, Enrique Ibarra y Enrique Ibarra Jiménez, así como Jaime Palafox Granados, abogado de los colonos de El Sauzal.
La reunión fue convocada por la contaminación severa, que dijeron los ciudadanos, generan empresas en la delegación, conforme a las denuncias documentadas en los últimos 22 años, que se origina en tres aristas: malos olores y contaminación por desechos orgánicos en Fondeport, Vista al Mar (uso de suelo residencial desde 1996, pero al que se le da uso industrial y almacenamiento) y la zona norte de El Sauzal.
Esto, refirieron, tiene que ver con la elaboración de harina de pescado, fertilizante y comida para animales domesticados.
El segundo punto está relacionado con la Administración Portuaria Integral (API) y el gobierno federal, señaló el abogado Palafox, pues el lugar es utilizado para almacenar contenedores que sobran en el puerto, mismos que son llevados a dicha zona residencial.
Y por último, hay empresa fundidora de metales pesados a la atmósfera (partes para avión) y que no está debidamente registrado.
Palafox Granados explicó que hay 35 empresas documentadas por Cespe, mismas que descargan aguas residuales en El Sauzal, de las que únicamente 7 descargan oficialmente a un cárcamo de la comisión o de tipo privado.
Algunas operan teóricamente pero no hay registro, puntualizó, mientras que en uso de suelo, prácticamente seis solo tienen algún tipo de autorización como factibilidad y faltan otras licencias.
De acuerdo a los datos expuestos en la reunión, algunas de las empresas señaladas son Baja Oriente, Harinera San Carlos y Moon International.
El alcalde Armando Ayala Robles, en su participación, se comprometió a trabajar en forma coordinada con el Estado y la Federación, al ser un tema que no avanzaba ante la falta de dictámenes por la Secretaría de Protección al Medio Ambiente y otras dependencias.
“Ya llevamos algo avanzado y después de los dictámenes de las diferentes secretarías, lo que sigue son las acciones. Me comprometo a revisar las demandas de las compañías que han extendido su parque para lo que es el resguardo de los contendedores que no cumplen con los permisos. Es un problema añejo que subiremos al Cabildo para que se forme una comisión y se dé una revisión más directa, con sanciones a las compañías”, puntualizó.
Ayala Robles agregó que tendrán este acercamiento con la Administración Portuaria Integral (API), pues el crecimiento del puerto ha hecho que se muevan hacia la zona referida.
Mencionó que la propuesta de una pensión de trailers y camiones de carga pesada podría ser una solución de fondo al problema, además de que seguirá con los operativos para la zona, derivados de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad.
A la reunión acudieron Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno; Mario Escobedo, secretario de Economía Sustentable y Turismo; Karen Postlethwaite, secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial; y Alonso Oscar Pérez Rico, secretario de Salud.
Los acompañaron Elías Bertín, representante de la Secretaría de Seguridad Pública Federal; Marcelino Márquez, director general de CESPE; Rigoberto Laborín, director general de la CESPT; Y Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado del Gobierno Federal en Baja California, quienes se comprometieron a revisar los temas desde sus respectivos ámbitos.
