* Como probables responsables se señalan al ex gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, al ex secretario de planeación y finanzas, Antonio Valladolid Rodríguez, Bladimiro Hernández y la ex oficial mayor, Lotero Quintero.
* La pasada administración pagó mil 200 millones de pesos a 40 empresas que no están inscritas al padrón de proveedores de Gobierno del Estado.
MEXICALI, B.C., (SBC).- Ante la probable comisión de delitos por parte de funcionarios de la pasada administración de Gobierno del Estado, el Secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Baja California.
Dicha denuncia contempla los delitos de abuso de autoridad, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito falsificación de documentos, fraude, abuso de confianza, administración fraudulenta y /o coalición de servidores públicos y/o infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos y/o negociaciones ilícitas y/o fraude procesal. Delitos previstos en el Código Penal Estatal.
En el documento presentado ante la autoridad se señala como probables responsables a los ex servidores públicos: Francisco Arturo Vega de Lamadrid, ex gobernador, al ex secretario de Planeación y finanzas, Antonio Valladolid Rodríguez, su sucesor, Bladimiro Hernández Díaz, así como a la ex oficial mayor, Loreto Quintero, en unión con la dirección de Normatividad, en el que se desempeñaba como titular enrique Remigio Salcido y Rutilio Pérez Flores como Director de Adquisiciones.
“La denuncia que hoy presentamos es a raíz de información con la que contamos de una presunta estafa maestra en la que hay la posibilidad de fraude por más de mil 200 millones de pesos que se pagaron al menos a 40 empresas fantasmas”, precisó el Secretario General de Gobierno.
Amador Rodríguez Lozano agregó que en algunos casos las empresas no cuentan con el registro correspondiente en el padrón de proveedores del Estado de Baja California, e incluso la fecha de pago coincide con la fecha de constitución como empresa.
Domicilios inexistentes, falta de documentos, pagos por 800 mil pesos por concepto de asesoría son parte de las irregularidades que se encontraron.
“Ante estos indicios de posible comisión de delitos en los que se pagaron servicios de asesoría en 2017 y 2018 es nuestro deber presentar la denuncia ante el Ministerio Público para que realice las investigaciones pertinente”, agregó.
