TIJUANA BC (SBC).- Hoy la industria automotriz no es confiable porque ha mentido, al hacer trampa para engañar el “smog check” mintió deliberadamente, dañando la salud pública y evadiendo regulaciones ambientales, por eso hoy no es una industria confiable y no debe seguir dirigiendo la política pública mexicana en materia automotriz.
Así lo remarcó el ingeniero José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), afirmando que escándalos como el de Volkswagen en 2015 y otras marcas en años recientes pusieron a la ciencia y la tecnología al servicio del crimen, no por accidente o ignorancia ni como una consecuencia inesperada, sino para violar la ley.
“La trampa para engañar al ´smog check´ fue un sistema diseñado y prueba que Volkswagen y la industria automotriz en general no son confiables, son empresas que engañaron a gobiernos para violar la ley y así deben ser tratadas; la industria automotriz ´nacional´ miente cuando dice preocuparse por la salud y la contaminación de los autos usados”, enfatizó.
José Carmelo Zavala consideró que la industria automotriz nacional cayó en su propia trampa, dado que su capacidad de gestión en el gobierno federal de los últimos sexenios ha dificultado la importación de carros usados con precios estimados y certificado de origen, creando un mercado negro y estimulando la evasión fiscal.
Todo esto, explicó, ha producido un mercado negro de “placas” falsas y un boquete fiscal de enormes proporciones, por las evasiones fiscales que significan los cartones que expiden algunas organizaciones para que circulen vehículos sin completar su formal proceso de importación, generando un problema sociopolítico al gobierno.
“La salida es obvia y simple: regresar a las condiciones originales, la importación con precios reales no estimados y sin requisitos imposibles, como el certificado de origen en carros mayores a 10 años, un certificado que no es factible obtener”, dijo el también vicepresidente de Gestión Ambiental en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana.
El maestro en bioingeniería opinó que facilitando la importación no se requiere programa de regularización, se desactiva el negocio paralelo de cartones de placas falsas y se evita la evasión fiscal teniendo una recaudación millonaria tapando el boquete fiscal que la industria automotriz “nacional” generó a la hacienda pública.
Agregó que cuando la asociación de la industria automotriz “nacional” dice a los senadores que los carros de 10 años o más son “basura” y deben ser molidos y reciclados, también miente, dado que el reúso es ambientalmente recomendado, no es una etapa que debe brincarse hacia el reciclado, sino que es primero el reúso y luego el reciclaje, en ese orden.
“La ingeniería mecánica hace motores para un millón de millas, con buen mantenimiento claro; un carro que se use solo 10 años es similar a una bolsa de plástico que se usa 10 minutos, pero con un impacto ambiental negativo miles de veces mayor”, dijo el egresado del Colegio de México, donde cursó el Programa LEAD para líderes con un conocimiento profundo de las metas del desarrollo sustentable y los retos ambientales.
El gobierno federal anterior fue omiso en el escándalo internacional de Volkswagen, no podría ser de otra manera, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estaba orientada en ese sentido, pero empresas automotrices como Volkswagen y otras que luego fueron también exhibidas han pagado costos enormes.
“Los costos económicos y legales han sido enormes en Estados Unidos, Europa y el resto del mundo, menos en México; aquí solo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intentó una tímida sanción, por todo esto es que la industria automotriz llamada ´nacional´ no es confiable y no puede dirigir la política pública mexicana”, recalcó el director del CIGA.
Recordó que actualmente Volkswagen enfrenta la mayor demanda colectiva de la historia en Alemania, un juicio que inició el 30 de septiembre la enfrenta con más de 450 mil propietarios de autos fabricados por esta empresa, quienes buscan una compensación por el “dieselgate”, el caso de manipulación de la información sobre emisiones contaminantes.
Añadió que la demanda colectiva es por haber trucado los controles de emisiones contaminantes de sus vehículos, manipulación con la que engañó incluso en las mediciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, en un escándalo que, según notas periodísticas, ya ha costado a la marca cerca de 30 mil millones de euros.
