La violencia contra mujeres políticas creció en México un 276 por ciento en el primer trimestre de 2019, en comparación con los primeros tres meses de 2018, de acuerdo con la consultora en análisis de riesgo y manejo de crisis Etellekt.
El miércoles, la presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, Veracruz, Marisela Vallejo Orea, fue asesinada en un ataque armado; en el atentado también murió su esposo Efrén Zopiyactle y su chofer.
En su Informe de Violencia Política en México, la consultora detalla que la mayor parte del crecimiento de la violencia política durante los primeros tres meses de 2019 se focalizó en las mujeres. De los 180 casos de violencia política, 101 impactaron a hombres (56%) y 79 a mujeres (44%).
Comparativamente, en el mismo trimestre del año pasado, de los 123 ataques a políticos, 102 se dirigieron a hombres, el 83%, y 21 a mujeres, el 17 por ciento.
“Pasamos de 123 a 180 hechos de violencia contra políticos, es decir, 57 ataques adicionales, que afectaron en su totalidad a las mujeres que realizan actividades políticas. Así, entre ambos periodos, los casos de violencia hacia las mujeres en la política subieron de 21 a 79, alza equivalente al 276%, mientras que en los hombres disminuyeron -1%, al pasar de 102 a 101 registros”, señala.
De hecho, apunta, de las 79 mujeres que fueron objeto de hechos de violencia, 68 se desempeñan actualmente como representantes y autoridades electas, en el mismo trimestre de 2018, sólo cuatro mujeres agredidas entraban dentro de esta categoría.
Etellekt manifiesta que los avances en materia de paridad de género, producto de la reforma político-electoral de 2013-2014, surtieron efectos sin precedentes en la participación política de las mujeres, quienes después del 1 de julio de 2018 ocupan el 48 y 49% del total de escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, respectivamente.
Aunque en distintos porcentajes, la paridad entre mujeres y hombres muestra también importantes logros en la composición de los congresos estatales y en la integración de los cabildos.
Sin embargo, asegura que tanto la inclusión igualitaria de la mujer en los principales órganos de dirección del Poder Ejecutivo y Legislativo, al igual que su derecho a ejercer actividades políticas o cargos de elección libres de cualquier tipo de violencia, continuaron enfrentando resistencias que ponen en riesgo el ejercicio efectivo de sus derechos políticoelectorales.
“Esto significa que el avance de la paridad en los pasados comicios del 1 de julio de 2018 y las menores asimetrías de género que produjo en el acceso al poder, sobre todo en los ayuntamientos, ha traído al mismo tiempo una cuota de violencia contra la mujer, proporcional al crecimiento de su participación en la política”.
Sostiene que no es casual que el principal “modus operandi” en estas 79 agresiones que buscaron obstaculizar la inclusión de la mujer en la política haya sido el empleo de amenazas e intimidaciones en el 84% de los casos. En los primeros tres meses de 2019 no se reportaron asesinatos de mujeres políticas.
La consultora agrega que adicionalmente existe una mayor visibilidad de los responsables de estos ataques así como de sus motivaciones políticas, pues 46 de las 79 mujeres políticas fueron violentadas por opositores o colegas de sus partidos.
En este contexto de violencia, advierte que la participación igualitaria entre hombres y mujeres en los cargos de representación y de gobierno puede verse seriamente comprometida en los próximos años.
En donde los cacicazgos locales, desplazados electoralmente –apunta–, continúan disponiendo de una gran capacidad de movilización de grupos de choque, pobladores e incluso grupos delictivos para intimidar a los nuevos liderazgos políticos de mujeres al frente de alcaldías, regidurías o sindicaturas con el propósito de controlar su toma de decisiones, obstaculizar el ejercicio de sus funciones o incluso obligarlas a su dimisión mediante amenazas deliberadas contra su integridad, la de sus colaboradores y familiares, campañas de desprestigio, guerra sucia, toma violenta de instalaciones, oficinas o domicilios particulares.
Afirma que este fenómeno que puede exacerbarse en los próximos meses, ante la falta de sanciones más severas contra los infractores en la legislación y reglamentación penal-electoral y por los altos niveles de impunidad prevalecientes en materia de violencia política, conducta pendiente de tipificar como delito en la mayoría de los códigos penales de los estados y en el Código Penal Federal.
