La política del presidente Donald Trump de regresar a los solicitantes de asilo a México mientras se resuelven sus casos en los tribunales de inmigración pone en riesgo a los migrantes y los priva de la capacidad de preparar su defensa, se afirma en una demanda presentada el jueves por grupos defensores de las libertades civiles.
El texto interpuesto en una corte federal de Estados Unidos pretende que se emita una orden judicial que le impida al Departamento de Seguridad Nacional implementar la política que entró en vigor en enero en el cruce fronterizo de San Ysidro en San Diego.
Su implementación siguió a meses de conversaciones delicadas entre Estados Unidos y México, y marcó, según el gobierno y expertos en asilo, un cambió sin precedentes en el sistema de asilo estadounidense.
Las autoridades mexicanas han enviado mensajes contradictorios en torno al punto crucial de si México fijará límites para aceptar a las familias.
“Según la nueva política, las autoridades migratorias obligan a quienes buscan asilo en la frontera con Estados Unidos a regresar a México, a regiones con niveles históricos de violencia, en donde deben quedarse el tiempo que dure su proceso de asilo”, afirma la demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos.
La política infringe la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos y se implementó sin el aviso ni los comentarios requeridos, dice.
El Departamento de Seguridad Nacional no comentó de momento sobre la demanda, la cual fue presentada a nombre de 11 centroamericanos que solicitan asilo.
En el texto se afirma que el gobierno está enviando a las personas de regreso a México sin asegurarse que no vayan a ser víctimas de persecución, tortura o muerte.
