Mientras la comunidad internacional llamó al diálogo, Haití padece las manifestaciones de cientos de jóvenes que exigen la renuncia del presidente, Jovenel Moise, ante la publicación de un informe sobre la mala gestión del gasto público por corrupción. Los manifestantes también condenan el alza en los precios de productos básicos.
En un comunicado, el Core Group, integrado por el representante especial adjunto del Secretario General de las Naciones Unidas, los embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea y el representante especial de la Organización de los Estados Americanos, llamó a los actores políticos a un diálogo para buscar una solución a la crisis política y económica en la que está inmersa este país.
Las manifestaciones se han desarrollado en las ciudades de Gonaives, Cabo Haitiano, Los Cayos, Jacmel, así como en Puerto Príncipe, en las zonas de Delmas, Petionville, Carrefour y el Centro capitalino, donde los asistentes atacaron, entre otros establecimientos, una sucursal bancaria y una estación de combustible.
Dos personas murieron en las protestas de ayer en Puerto Príncipe y Gonaives, según informó la Policía, víctimas que se suman a las cinco registradas entre el jueves y el viernes.
Las protestas comenzaron el jueves pasado con multitudinarias manifestaciones en Puerto Príncipe y otros puntos del país, en rechazo al Gobierno de Moise, quien cumplió dos años en el cargo, en medio de una acuciante crisis política y económica.
Las manifestaciones se producen después de que el Gobierno declaró “urgencia económica”, lo que implica reducir el costo de los bienes de primera necesidad e incrementar el acceso al crédito de las pequeñas empresas para intentar paliar la crisis.
Los haitianos también exigen justicia en las supuestas irregularidades en el programa Petrocaribe, a través del cual Venezuela suministra petróleo a precios blandos.
Una auditoría presentada la semana pasada por el Tribunal de Cuentas reveló irregularidades entre 2008 y 2016 en ese programa, e involucró a 15 exministros y actuales funcionarios en este caso, así como una empresa que dirigía el presidente Moise.