* Se deben fortalecer las disposiciones de no discriminación y promover una educación inclusiva: diputada Martínez Álvarez (PAN)
Semanario Balún Canán/ Palacio Legislativo de San Lázaro, (SBC).- La diputada Elizabeth Martínez Álvarez (PAN) propone una reforma para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno garanticen el pleno respeto al derecho a la educación e inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten la discriminación.
Señala que dichas autoridades llevarán a cabo las acciones necesarias a efecto de que las instituciones educativas cuenten con las condiciones de accesibilidad, recursos tecnológicos, apoyos didácticos y personal docente capacitado para brindar una educación de calidad en todos los niveles y modalidades e impulsen y apoyen el crecimiento en áreas deportivas y culturales. Para cumplir con este objetivo, celebrarán convenios y acuerdos.
La iniciativa, que plantea reformar el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis y dictaminación.
La legisladora, en su exposición de motivos, señala que la educación es un derecho fundamental que facilita el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, y es clave para el ejercicio de otros derechos y para el desarrollo de la sociedad en general.
Indica que la Constitución Política, en su artículo 3°, reconoce que toda persona tiene derecho a recibir educación; sin embargo, en México el acceso a una educación de calidad y gratuita enfrenta desafíos significativos, particularmente para los grupos en situación de vulnerabilidad.
Esta iniciativa plantea que el Estado mexicano proteja a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad que por razón congénita o adquirida presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.
Por ello, las autoridades están obligadas a implementar medidas de nivelación e inclusión. Asimismo, no se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a la educación ni su participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones públicas, privadas y sociales.
También, realizarán acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad.
La diputada Martínez Álvarez señala que el marco legal actual de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no aborda de manera suficiente las barreras que limitan el acceso de todos los menores a una educación inclusiva y de calidad.
Considera que esta iniciativa pretende garantizar la igualdad en el acceso a la educación, fortalecer las disposiciones de no discriminación y promover una educación inclusiva que atienda las necesidades de todos los grupos poblacionales.
