La crisis financiera del gobierno estatal sólo era cuestión de tiempo: Ruvalcaba

TIJUANA BC (SBC).- La crisis que hoy reconoce el gobierno del Estado al dejar de cumplir sus compromisos financieros con los trabajadores y dependencias sólo era cuestión de tiempo, ante la ineficiencia en la materia, sostuvo el presidente del Comité Directivo Estatal, David Ruvalcaba Flores.

Lamentó que se encuentren sin pago profesores del sistema Cecyte, además de funcionarios del poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia, entre otras áreas de gobierno. Lo anterior sin contar la incertidumbre que hay también entre los jubilados y pensionados del magisterio.

El dirigente priista subrayó que lo anterior no es otra cosa que la mala planeación y la irresponsabilidad por la probable desviación de recursos a proyectos no autorizados.

Indicó que eso se da a pensar, ya que se aprueba un presupuesto y es de suponerse que los gastos para los que hoy no se tiene liquidez para cumplirse, fueron autorizados en tiempo y forma, en el presupuesto de Egresos 2018.

El ex diputado dijo que es el reflejo de un gobierno insensible, acostumbrado a generar cortinas de humo para beneficiar solo a unos cuantos.

“Esto no afecta solo la buena marcha de las dependencias que se ven relegadas en sus compromisos, si no a la sociedad en su conjunto. El gasto público no debe estar sujeto a la improvisación es por ello que bajo normas pre establecidas debe planearse y se debe fiscalizar día a día, no se trata de culpar a determinada entidad de gobierno, llámese gobierno federal, estatal o municipal, cada uno tiene sus responsabilidades y en esta ocasión es el gobierno del estado en su conjunto el responsable”, expresó.

De acuerdo al dirigente del tricolor en Baja California, se observa cómo el gobierno estatal sigue en la pretensión de que se les apruebe más y más y más recurso económico en proyectos de inversión que bien pueden ser útiles para el estado, pero no atropellando lo ya comprometido.

Puntualizó que el Poder Legislativo es el facultado para verificar si los excedentes presupuestales fueron utilizados de manera correcta y si el Poder Ejecutivo encabezado por el gobernador dispuso de esos recursos sin autorización generando con ello parte de esta crisis.

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