El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, propuso que se adopte la “Declaración sobre la crisis de las personas venezolanas en contexto de migración” y que los países de la región les brinden apoyo ante la situación que enfrentan, la cual “pone a prueba la solidaridad internacional”.
Al participar en el “Foro Regional sobre la Protección de los Derechos de las Personas Venezolanas en Movilidad Humana y el Rol de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos”, el ombudsperson convocó a los integrantes de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y a los gobiernos de la región a manifestar su apoyo solidario para facilitar el otorgamiento de un estatuto legal alternativo de protección a las personas venezolanas para que tengan un espacio donde habitar, acceso al trabajo, a la salud y a la educación.
González Pérez mencionó que la crisis en Venezuela “pone a prueba la solidaridad internacional, la capacidad de coordinar esfuerzos y la urgente necesidad de generar sinergias entre diversas instancias para que, con pleno respeto a sus mandatos, ayuden a aliviar la situación que viven personas de origen venezolano”.
Indicó que en los últimos cinco años han ingresado anualmente a México de manera ordinaria en promedio 130 mil personas de origen venezolano, 2014 registró el ingreso más alto, con 176 mil 535. Mientras en 2013 una sola persona solicitó acceso al procedimiento de condición de refugiado, en 2017 lo hicieron 4 mil 42, de las cuales a 907 se les ha reconocido tal procedimiento.
Al señalar que “las personas de origen venezolano en contexto de migración enfrentan una situación que demanda atención de carácter humanitario de la más alta urgencia”, la CNDH, en su calidad de Coordinadora de la Red sobre Migrantes y Trata de Personas de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), propuso a sus homólogas de la región andina solicitar a los gobiernos de sus países que permitan el ingreso de esas personas, con base en los estándares internacionales de derechos humanos.
Enfatizó que la FIO está comprometida con la supervisión, apoyo y seguimiento a las medidas adoptadas por los Estados y propuso adoptar la “Declaración sobre la crisis de las personas venezolanas en contexto de migración”, con el fin de articular los esfuerzos de la comunidad internacional para atender la situación de vulnerabilidad que enfrentan quienes han abandonado Venezuela como consecuencia de la violencia, inseguridad, crisis democrática, escasez de alimentos, medicinas y otros bienes.
El objetivo es que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) y las oficinas de la FIO establezcan una ruta de acción para proteger los derechos de más de 2.5 millones de venezolanos que, desde 2016, han salido de su país, además de hallar los mecanismos para cubrir sus necesidades básicas de vivienda, salud, inclusión económica y social, así como garantizar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes en diversas naciones de la región.
Destacó el compromiso de defender la dignidad de las personas en contexto de migración y la importancia de que la FIO se acerque al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para identificar las áreas en que pueda ayudar en los esfuerzos que se llevan a cabo en favor de personas venezolanas.
