* Lamenta se presenten iniciativas en el Congreso de BC, ambiguas y mal fundamentadas y aseguró que los ciberdelitos seguirán impunes mientras no existan mecanismos legales que garanticen certidumbre jurídica a ciudadanos, entidades y empresas
Semanario Balún Canán/ TIJUANA, B. C., (SBC).- Teniendo en cuenta que México ocupa el primer lugar en ciberdelincuencia en Latinoamérica, y Baja California es el tercer estado con mayor incidencia en la República Mexicana, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI Noroeste) llevó a cabo un seminario de análisis denominado “Ciberseguridad Efectiva, Una Perspectiva Panorámica 2023, donde se revelaron y analizaron los datos de esta problemática nacional que como ya se ha dicho está dejando mayores utilidades para los ciberdelincuentes que el narcotráfico en el mundo.
El presidente de CANIEITI Noroeste, licenciado José Luis Villasana Beltrán resaltó que si México no refuerza los mecanismos legales para brindar una certidumbre jurídica sobre los ciberdelitos, va a seguir existiendo la impunidad en este tema que causa un gran impacto económico negativo en Baja California y en todo el país.
“Desafortunadamente hay un gran vacío y un área de oportunidad muy fuerte en la legislación, lo hemos señalado de manera constante y aun cuando ha habido algunos intentos de algunos legisladores en Baja California por presentar iniciativas, resultan ambiguas, débiles y mal fundamentadas”, enfatizó Villasana Beltrán.
El presidente de la cámara empresarial indicó que a través del Consejo de Ciberseguridad de CANIETI Noroeste, en coordinación con la Cámara de Diputados a nivel federal, se está trabajando para emitir toda la legislación necesaria en temas de ciberdelincuencia, pero que en Baja California, a pesar que se tiene varios meses trabajando en ello, el diputado independiente Román Cota Muñoz, recién presentó una iniciativa, sin tomar en cuenta todo el trabajo previo realizado y nunca tuvo acercamiento con este grupo de expertos en ciberseguridad.
Precisó que por medio de dicha legislación fortalecida por todos los sectores involucrados, se logrará la tipificación del delito y la adjudicación específica de las responsabilidades, a través de herramientas cibernéticas que permiten comprobar cómo se llevan a cabo los ciberdelitos, de manera que a las víctimas ya sean personas, entidades y empresas, se les pueda ofrecer mayor certidumbre jurídica.
“Ya va muy avanzado el tema de la ciber legalidad a nivel federal, me gustaría decirles que aquí en el Estado pudieran hacer lo mismo, por lo que nuestra cámara empresarial y el Consejo de Ciberseguridad, en Baja California está de puertas abiertas para asesorarlos y coordinar el trabajo con un gran equipo de expertos donde están Cisco, Palo Alto, Fortinet, Sonicwall y PCRA MX”, aseguró Villasana Beltran.
Aprovecho la ocasión para agradecer la participación de los expertos Ing. Roberto Campos de Territory Manager Sonicwall y el Ing. Alex Salguero, director comercial de PCRA MX, ante un gran número de directores del área de sistemas de información e informática de empresas de la región que acudieron al seminario sobre diferentes aspectos del perfil de los ciberdelincuentes y los posibles mecanismos para una sólida ciberseguridad de sus bases de datos y procedimientos digitales.
Por su parte, los especialistas coincidieron en que el tema de ciberseguridad no es un tema de moda y que el vacío legislativo en nuestra entidad, como en el país, hace muy accesible esta actividad a los ciberdelincuentes.
El Ing. Roberto Campos de Territory Manager Sonicwall destacó que los ciberdelitos incrementarán de manera exponencial de acuerdo al aumento en la cantidad de dispositivos electrónicos que las personas estén usando en sus casas o en las empresas.
A su vez, el ingeniero Alex Salguero, afirmó que el uso de la inteligencia artificial por parte de los ciberdelincuentes los convierte en un ente cada vez más poderoso y difícil de ubicar, ante el vacío legislativo y falta de mecanismos para identificar e imponer sanciones por parte de la autoridad judicial.
