* En sesión presencial participan representantes de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC
Semanario Balún Canán/ Palacio Legislativo de San Lázaro, (SBC).- Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC expusieron en tribuna sus posturas en torno al dictamen que propone extinguir siete órganos autónomos.
Las reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política prevén la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
El objetivo es eficientar el servicio público y evitar duplicidad
El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (Morena) afirmó que la simplificación de los organismos constitucionalmente autónomos es una transición, fusión y una integración de las actividades que hoy tienen y que van a transitar hacia las dependencias de la Administración Pública Federal. Sus objetivos son eficientar las actividades de servicio público, evitar duplicidad dentro de los organismos y las dependencias, maximizar los recursos y garantizar el adecuado ejercicio del gasto público.
Katia Alejandra Castillo Lozano, diputada de Morena, indicó que la reforma reorienta la regulación y las funciones que estaban bajo el control de estos organismos, transfiriéndolas de forma efectiva a la Administración Pública. No es concentrar poder en una persona, es recuperar el control para el Estado para que cada decisión, recurso y acción se destine de manera eficiente. “Es hora de reestructurar y simplificar el gobierno, racionalizar el uso de los recursos y optimizar la administración pública”.
A su vez, la diputada Olga Sánchez Cordero Dávila (Morena) explicó que el cambio constitucional surge de la necesidad de mejorar su eficiencia, simplificar trámites, perfilar alternativas menos onerosas y más eficaces para cumplir con sus funciones, ya que estas no van a desaparecer, se conservan y se fortalecen. Se plantea la posibilidad de disminuir costos onerosos para el erario público y representa la posibilidad de que el diseño institucional del país regrese al equilibrio entre libertad comercial y ejercicio de soberanía.
Simplificar la Administración Pública centraliza al poder
Por el PAN, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala mencionó que el gasto de los organismos autónomos no representa ni el uno por ciento de los gastos que se ejerce en el presupuesto federal; es decir, a las y los mexicanos instancias como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) les cuesta seis pesos anuales, pero la misma fomenta la rendición de cuentas a la ciudadanía.
Reiteró que la simplificación a la Administración Pública lo que hace es robustecer y centralizar el poder y permitirá ser juez y parte. Si algo garantiza que los organismos actúen de manera objetiva, imparcial y con apego a la justicia, agregó, es la autonomía financiera y administrativa que ahora se pretende negar a siete instancias. “Al eliminar el ente que regula la competencia se tiene el riesgo de volver a los monopolios y eliminar que la sociedad participe”.
Eficiencia del gobierno y de los recursos
Gerardo Villarreal Solis, diputado del PVEM, destacó que la reforma no quita ni un solo derecho ni disminuye ningún servicio a favor del pueblo mexicano; por el contrario, se garantizan todos los derechos a las y los mexicanos siendo más eficientes, responsables y erradicando la duplicidad de funciones. “Cada peso que gasta el gobierno de México debe tener un impacto positivo en la vida de todos y no solo en las burocracias doradas”.
Por el mismo grupo parlamentario, la diputada Liliana Carbajal Méndez resaltó que la reforma busca la racionalidad del gasto, su eficiencia y eficacia, pues tiene el objetivo de optimizar el uso de los recursos públicos y asegurar que estos se destinen de manera correcta en las áreas y tareas que verdaderamente lo requieren. “Con ese enfoque y profesionalismo se asumirá que se desempeñen las funciones que corresponden garantizando una gestión más eficiente”.
El diputado Alejandro Pérez Cuéllar (PVEM) precisó que el dictamen no solo toca las estructuras del gobierno sino incide en la eficiencia del gasto público y en el fortalecimiento de las políticas públicas en la mejora de los servicios que ofrece el Estado a la ciudadanía. “No es un ataque a las instituciones sino una transformación necesaria. Cada peso que se ahorre será un paso a la justicia social; se eliminan duplicidades, centraliza tareas y fortalece las capacidades del Estado”.
Recuperar un Estado fuerte y sin gastos injustificados
Del PT, el diputado Ricardo Mejía Berdeja afirmó que la reforma salvaguarda derechos esenciales como el acceso a la información, transparencia y protección de datos personales, y evitará duplicidades, gastos innecesarios y fortalecerá instancias del Estado. “Vamos a recuperar un Estado fuerte y sin gastos injustificados”.
Irma Yordana Garay Loredo, diputada del PT, destacó que para lograr una buena administración de recursos públicos es necesario un cambio profundo en la forma de gestionar a las instituciones. La reforma transversaliza la política de austeridad en todas las esferas del gobierno y no se trata de debilitar a las instituciones autónomas sino fortalecer al gobierno con un modelo más ágil y menos costoso.
Del mismo grupo parlamentario, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez opinó que la desaparición de siete organismos autónomos es porque solo han sido una erogación del presupuesto de manera infructuosa. “Los funcionarios que están actualmente en estos organismos no han cumplido con su función; por ello, estamos tomando la decisión de desaparecerlos, pero no sus funciones”.
La propuesta abona a la opacidad y es regresiva
A su vez, la diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI) aseguró que coartar instituciones autónomas destruirá el valor público de organismos indispensables para la protección de los derechos de las y los mexicanos. La propuesta abona a la opacidad y se olvida que el funcionamiento de esos organismos requiere competencias técnicas que se han consolidado a través de los años. “Solicitamos se analice lo que hoy se discute porque el retroceso que vamos a dar es inevitable en detrimento de la República”.
El diputado del PRI, César Alejandro Domínguez Domínguez subrayó que el dictamen es una regresión que va en perjuicio de las y los ciudadanos; por ello, votaremos en contra. “La reforma va en detrimento de garantizar la separación del poder político del poder económico y más allá de representar supuestos ahorros va a infringir daños irreversibles en menoscabo de la competitividad. El PRI no va a acompañar esta reforma regresiva que va en contra de los intereses de las y los mexicanos”.
Este proyecto es un atentado contra la democracia
La diputada Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) señaló que no acompañarán el dictamen porque es un atentado en contra de la democracia, los derechos de la población y representa una involución y regresión al autoritarismo del poder hegemónico. Los organismos autónomos son contrapeso del gobierno y, por ello, ejecutan tareas especializadas para que los derechos y garantías sean protegidos.
Patricia Flores Elizondo, diputada de MC, convocó a analizar a fondo el dictamen, partir del reconocimiento de los aciertos logrados, ajustar lo que se tenga que mejorar y escuchar a expertos. “No existe un análisis preciso de qué funciones se duplican, cuáles son onerosas o irrelevantes, tampoco hay una revisión seria de los recursos presupuestarios que se le destinan y mucho menos claridad de cuál sería el siguiente paso de mejora de la gestión”.
También de MC, el diputado Gildardo Pérez Gabino aseguró que los organismos autónomos son independientes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo que es mentira que con su desaparición se ahorrarán recursos; lo que se busca es “ocultar sus trampas”. Ante ello, solicitó a las y los diputados no aprobar estas reformas; de lo contrario, dijo, “serán considerados traidores a la democracia”.
