* Luego de las declaraciones emitidas por algunos actores políticos de la localidad
Semanario Balún Canán/ TIJUANA, B. C., (SBC).- La sindica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, informó que la sanción administrativa, que consiste en la inhabilitación para desempeñar cualquier función dentro del servicio público, por el término de un año, impuesta a Marcelo de Jesús Machaín Servín, ex oficial Mayor del 24 Gobierno Municipal, es derivada de una denuncia fundamentada en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
En este sentido, Balderas Beltrán, agregó que la inhabilitación de dicho ex funcionario público no es el resultado de una observación dentro del proceso de Entrega-Recepción, como lo estipula el Reglamento de Entrega-Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el municipio de Tijuana, sino que fue originada por una denuncia presentada por el actual Oficial Mayor, José Luis Villasana.
“Quiero ser muy clara para que no exista la desinformación, que algunos actores políticos han dado, a través de posicionamientos en redes sociales; la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, faculta a los servidores públicos a presentar una denuncia para iniciar una investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas”, mencionó la sindica procuradora.
Agregó que si bien la Sindicatura Procuradora integró un expediente por la falta de 607 bienes muebles, que se encontraban bajo el resguardo de Machain Servín y que hasta el momento se desconoce su paradero, dicha carpeta de investigación se turnó a la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del Gobierno del Estado, quien es la autoridad que determina la causa ejecutoria.
La sindica procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana, Teresita Balderas Beltrán agregó que la dependencia a su cargo, trabaja bajo un esquema de transparencia y justicia administrativa, por ello, la totalidad de sus colaboradores, serán muy imparciales y autónomos para desempañar sus labores, siempre apegados a los principios de las Leyes y Reglamentos vigentes, anteponiendo en todo momento, los intereses de las y los tijuanenses, finalizó.