* Le solicita al presidente del Concejo que las solvente antes de la entrega de la Administración al Primer Ayuntamiento
* También le pide a la Síndico Procuradora del citado Concejo, les dé seguimiento, mediante un punto de acuerdo aprobado por mayoría
Semanario Balún Canán/ Mexicali, B.C., (SBC).- La Dip. Dunnia Montserat Murillo López, exhortó al Presidente del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín Jorge Alberto López Peralta, a que solvente las observaciones emitidas por la ASEBC, antes de la entrega de la Administración al Primer Ayuntamiento.
De igual forma, solicitó a la Síndico Procuradora del citado Concejo, Eunice Mercado Gilbert, les dé seguimiento y atención a dichas observaciones emitidas por la Auditoria Superior del Estado de Baja California, en este punto de acuerdo aprobado por mayoría, por el Pleno.
En su exposición de motivos, mencionó que, el 3 de septiembre del año en curso, se llevó a cabo una sesión de la Comisión de Fiscalización y Gasto Público, donde se analizaron y votaron las cuentas públicas de diferentes instituciones gubernamentales correspondientes al ejercicio 2022, y en el caso de San Quintín se encontraron observaciones que generaron Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS).
Con el próximo cambio de administración municipal, en donde entrará en funciones el primer Ayuntamiento de San Quintín, esta situación puede traer problemas de herencias de malos manejos, falta de conciliación en los padrones de bienes muebles, donde los saldos no coinciden con los registros contables y existe una diferencia considerable.
En esta situación se encuentra la administración del actual Concejo, además de que la entidad gubernamental no solicitó a este Congreso de Baja California, autorización para llevar a cabo diversas modificaciones al presupuesto de egresos del municipio de San Quintín.
Añadió la Legisladora de Morena que, los servicios personales se incrementaron dejando de observar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
En los gastos de servicios generales, se asignaron contratos de asesoría que, por el monto del mismo, se tenía que llevar a cabo licitación pública, para cumplir lo que determina la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Baja California.
