* Será la encargada de realizar el proceso de consulta, brindar acompañamiento y asesoría técnica
Semanario Balún Canán/ Mexicali, B.C., (SBC).- Con el objetivo de crear una Unidad Técnica de Consultas del Poder Legislativo, para centrar la atención en los pueblos y comunidades afromexicanas e indígenas, personas con discapacidad, así como niñas, niños y adolescentes, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, presentó una iniciativa por la que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso.
Al sustentar su iniciativa la inicialista, subrayó que se busca colocar en el centro de la discusión la necesidad y trascendencia impostergable de la participación de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, asegurando que no las coloquen en indefensión ni conduzcan a actos de discriminación o afectación de sus derechos, a través de su participación en todos los órdenes de la vida pública.
En la iniciativa se establece que la Unidad Técnica de Consultas sea la encargada de llevar a cabo la consulta previa, libre e informada y con participación, preferentemente directa, de las personas en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, también establece los requisitos que se deberán cumplir para ser titular de dicho órgano técnico.
La Unidad contará con las atribuciones de realizar el proceso de consulta, brindar acompañamiento y asesoría, emitir opiniones técnicas a las Comisiones Legislativas, establecer y concertar vínculos institucionales, llevar a cabo conferencias, talleres o cursos, proponer a la Junta de Coordinación Política los Lineamientos de Desarrollo de las Consultas, ejecutar el proceso de consulta en sus etapas y reportar a las Comisiones Legislativas las actividades desarrolladas.
La diputada Evelyn Sánchez destacó que en Baja California se encuentran registradas 68 asociaciones civiles, colectivos, organizaciones y lideres de comunidades indígenas, tanto autóctonas como migrantes, encontrándose además un total de 49,130 personas mayores de tres años de edad que hablan alguna lengua indígena, sin encontrase regulado hasta el momento un mecanismo de consulta eficiente ante las iniciativas legislativas.
Además en nuestra Carta Magna se encuentra consagrada la obligación de las autoridades a consultar a los pueblos indígenas, para abatir las carencias y necesidades que afectan a estos pueblos y comunidades, se reconoce su derecho por ser entidades de interés para el diseño, aprobación y aplicación de las políticas públicas relacionadas con su desarrollo.
