* Avala el Pleno dictamen número 33 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
* La Comisión propone crear un artículo 11 BIS para la Ley de Educación, como una característica especial del Sistema Estatal de Educación
Semanario Balún Canán/ Mexicali, B. C., (SBC).- La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presentó ante el Pleno del Congreso, el dictamen número 33, mismo que fue aprobado por unanimidad, respecto a iniciativas de reforma a diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Baja California en materia de educación financiera, con lo que se busca empoderar a las y los estudiantes para que puedan enfrentar los desafíos económicos del mundo actual.
Las propuestas presentadas tienen la pretensión legislativa de armonizar las disposiciones de la Ley estatal con las de la Ley General de Educación y dotar de atribuciones a las autoridades educativas estatales en materia de educación financiera, así como incorporar las figuras de la educación financiera, el emprendimiento y la cultura del ahorro, para promoverlas y fomentarlas en los jóvenes estudiantes.
Asimismo, para que la educación financiera y sus beneficios sean de observancia global en el estado y se promueva por las entidades educativas, tanto públicas como particulares, la Comisión propone que la reforma se realice creando un artículo 11 BIS para la Ley de Educación del Estado, como una característica especial del Sistema Estatal de Educación.
La Comisión Dictaminadora informó que existe plena coincidencia en los diversos proyectos legislativos abordados, también encuentran su procedencia jurídica toda vez que coinciden con los establecido en la Ley General. En el mismo sentido, las reformas suman al desarrollo integral de las y los estudiantes del estado al promover un tipo de contenido temático que fortalecerá sus capacidades y aportarán mejoras al bienestar social.
Por los argumentos presentados por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, así como en las exposiciones de las diputadas y los diputados inicialistas, se concluyó que el presente proyecto de reforma es acorde a derecho y no contraviene otro dispositivo jurídico ni va en contra el interés público, por lo que se determina dicha reforma como jurídicamente procedente.
