*La iniciativa fue propuesta por la diputada presidente Araceli Geraldo con el objetivo de proteger los derechos de los asegurados.
En la más reciente sesión del Pleno del Congreso, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Manuel Molina García presentó el dictamen número 125, referente a una iniciativa de reforma al artículo 69 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro.
La anterior iniciativa ha sido impulsada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, quien busca delimitar los requerimientos de información por parte de las empresas aseguradoras a los asegurados o beneficiarios en casos de siniestro.
La sesion mencionada fue presidida por el diputado Juan Manuel Molina celebrada el jueves 15 de febrero donde, en específico, se discutió acerca de la modificación al artículo 69 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, con la finalidad de acotar el actuar de las empresas aseguradoras respecto a la exigencia de información y documentos que deben requerir.
Tras un exhaustivo análisis, la Comisión consideró jurídicamente procedente la reforma planteada, argumentando su fundamento en disposiciones constitucionales tanto a nivel federal como estatal, específicamente en los artículos 39, 40, 43, 71 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 4, 5, 11, 13 y 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
Al considerarse procedente se solicitó su remisión al Congreso de la Unión para su trámite legislativo correspondiente. Textualmente la iniciativa determina: “Toda aquella información o documentación que requiera la empresa aseguradora al asegurado o beneficiario que no se relacione de manera directa con los hechos que ocasionaron el siniestro o guarden relación directa con el mismo, no será obligatoria proporcionarla por parte del asegurado o beneficiario”.
Finalmente y como parte de su objetivo primitivo la iniciativa logrará proteger los derechos de los ciudadanos afiliados, en pro de garantizar que las acciones y trámites necesarios para las empresas aseguradas se encuentren basados en los principios de la transparencia.