* En Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero
* Con la participación de Miriam Ayón Castro y la Dra. Elsa Jiménez, de la Red de Mujeres Unidas por BC y la Mtra. Laura Gutiérrez de la CEDH
Semanario Balún Canán/ Mexicali, B.C. (SBC).- En las instalaciones del Congreso del Estado, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, donde se presentó el “Análisis sobre la perspectiva de Género en las sentencias de feminicidio en Baja California”, por parte de la Asociación Civil Red de Mujeres Unidas por BC.
La diputada Alejandrina Corral indicó que la XXIV Legislatura ha coadyuvado con el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado (FGE) en tema presupuestario, por lo que subrayó la importancia de realizar mesas de trabajo interinstitucionales para analizar el tema de las investigaciones que realiza la Fiscalía, al ser una parte toral para la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, ya que de ahí parte el trabajo del Poder Judicial para la impartición de justicia, por lo que se busca visibilizar el problema, para encontrar acuerdos y soluciones efectivas.
El “Análisis sobre la perspectiva de Género en las sentencias de feminicidio en Baja California” se llevó a cabo con la participación de la Lic. Miriam Ayón Castro y la Dra. Elsa Jiménez, de la Red de Mujeres Unidas por BC y de la Mtra. Laura Gutiérrez de la CEDH, partiendo de las versiones públicas de sentencias del TSJEBC registradas con perspectiva de género, de donde informaron que seleccionaron 51 sentencias de feminicidio y tentativa de feminicidio existentes en la entidad.
Destacaron que, de las sentencias registradas, Tijuana es el primer lugar con 27, seguido de Mexicali y Ensenada con 10, mientras que Rosarito y Tecate cuentan con 2. Dentro de la tipificación del delito en grado de tentativa de feminicidio existe una concurrencia, donde los tres más demandados son por amenazas, violencia familiar y violación, mientras que los lugares donde se comenten más estos delitos son el 47% en los domicilios particulares, el 12% en la vía pública y el 10% en el trabajo.
En el análisis de cada sentencia destaca que en el 31% no se identificó el lugar donde sucedieron los hechos, en el 86% no se investigó si la violencia fue un caso aislado, ocasional o reiterado, en el 96% de los casos no se investigó si el conflicto formaba parte de un contexto social, por lo que no se indagó desde un enfoque de género, así mismo no realizan la descripción de las pruebas lo que convierte en ineficientes para tener un parámetro y comprobar que el móvil es por razones de género, lo que resulta en condenas absolutorias.
Por otro lado, sólo en el 10% de las sentencias se identifica completamente el impacto de género, 21.5% la persona juzgadora decretó el pago de la reparación del daño, sin cuantificar, dejando a salvo los derechos para que los ofendidos los hicieran valer en la vía incidental, 35% de las resoluciones no prevén medidas de seguimiento a sus determinaciones y 47% lo hace insuficientemente.
Al hacer uso de la voz, la Magistrada Columba Imelda Amador Guillén, indicó que el Poder Judicial está comprometido con el tema de las sentencias con perspectiva de género y que actualmente se están realizando lineamientos para que pueda funcionar el observatorio ciudadano, así mismo el modelo de justicia a través de los juzgados especializados en violencia familiar para que tengan acceso directo sin revictimización, así como la implementación del nuevo Sistema de Justicia Civil y Familiar a nivel nacional, considerando también los lineamientos y el procedimiento de actuación de quienes estarán a cargo de este nuevo modelo.
Por su parte la diputada Monserrat Murillo expuso que se requiere crear un protocolo para saber cómo proceder en los casos de estos delitos, cómo recopilar las pruebas, realizar entrevistas, las órdenes de protección se mantengan hasta que el agresor reciba tratamiento, capacitación a personal de la FGE y en caso de los menores en orfandad por violencia de género sean atendidos por la Procuraduría de Protección del Menor. La diputada Amintha Briceño, por su parte indicó que en la parte legislativa ya había presentado una iniciativa con medidas de prevención, ante la cantidad alarmante de feminicidios en la entidad.
Estuvieron presentes en la reunión las diputadas Santa Alejandrina Corral Quintero, Amintha Briceño Cinco, Dunnia Monserrat Murillo López y Evelyn Sánchez Sánchez, así como la Magistrada Columba Imelda Amador Guillén, Presidenta del Comité de Igualdad y Género, en representación del Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado, Alejandro Isaac Fragozo López.
