* Reforma al Código Penal, prevé endurecer el castigo y sancionar hasta con una mitad más de la pena, al sujeto activo del delito de extorsión
* Cuando la víctima sea dueño, socio o trabajador de un establecimiento comercial, industrial, de prestación de servicios o centro laboral
Semanario Balún Canán/ Mexicali, B. C. (SBC).- Ante la proliferación del delito de extorsión, que afecta al sector privado y representan un freno para la competitividad, el crecimiento y el desarrollo económico del Estado, además de poner en riesgo a los clientes que acuden a los establecimientos comerciales, la diputada Araceli Geraldo Núñez, presentó iniciativa que adiciona la fracción VIII del artículo 224 BIS del Código penal para el estado de Baja California.
La iniciativa de reforma al Código Penal, prevé endurecer el castigo y “sancionar hasta con una mitad más de la pena, al sujeto activo del delito de extorsión, cuando el sujeto pasivo del delito sea dueño, socio o trabajador de un establecimiento comercial, industrial, de prestación de servicios o centro laboral”.
Los organismos de seguridad y la propia ciudadanía reconocen que la extorsión ha aumentado en los últimos años. “Las organizaciones criminales aprovechan la violencia creada por su misma guerra, para vender una supuesta protección a los comerciantes, a clientes, etc., que más que consolar, inquieta por las amenazas de ocasionar daño, físico o material, si no pagan cierto monto”, cita el proyecto en la exposición de motivos.
Es importante identificar, que el delito de extorsión principalmente transgrede uno de los bienes jurídicos más importantes para todas las personas, el cual es su derecho fundamental al patrimonio, toda vez que, las personas que son víctimas de extorsión, son obligadas a realizar un pago o una contraprestación al sujeto activo de la conducta.
Por lo anterior, la intención legislativa es fortalecer y robustecer el Código Penal para el Estado, esto a efecto de que se pueda establecer una protección especial a la comunidad empresarial de esta Entidad, motivado por las múltiples extorsiones que se suscitan todos los días en los municipios del Estado. “Nuestro compromiso como legisladores es atender las demandas que nuestro representados manifiestan; por ello, atender los delitos de extorsión, desde las instituciones públicas correspondientes y con el marco normativo adecuado”, indicó la legisladora inicialista.
