ENSENADA.- La Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California (CESISPE), a través de la Dirección de Ejecución de Penas y con el respaldo de la Defensoría Pública del Estado, llevó a cabo una brigada jurídica mediante la cual se proporcionó asistencia y orientación sobre sus procesos legales a 59 personas privadas de la libertad (PPL) del área varonil del Centro Penitenciario de Ensenada.
Ma. Elena Andrade Ramírez, comisionada de la CESISPE, destacó la importancia de los asesoramientos legales a cargo de los profesionales del derecho para quienes integran la población penitenciaria, señalando que es necesaria una orientación jurídica actualizada, conforme a la situación particular de cada privado de la libertad, para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como a las políticas establecidas por la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, para garantizar el respeto a los derechos humanos y dignificar la vida de la población en los Centros Penitenciarios.
Dijo que, a través de las brigadas jurídicas, se busca que quienes soliciten asesoría de sus procesos particulares, se les dé celeridad, y evitar que estén en un estado de indefensión o que sus casos se alarguen más de lo debido, de forma que obtengan una sentencia justa en tiempo y forma.
Indicó que durante la jornada de asesoramiento legal que fue coordinada por la Dirección de Ejecución de Penas con el apoyo del personal de Defensoría Pública del Estado, pertenecientes al fuero común, se atendió a 59 privados de la libertad y toda la jornada fue supervisada por el director del centro penitenciario, Jesús Manuel Ruiz Dávalos.
Finalmente, la comisionada puntualizó que las orientaciones jurídicas están a cargo del personal de los diferentes Centros Penitenciarios de la entidad, así como de las brigadas jurídicas que llevan a cabo la Dirección de Ejecución de Penas, coordinadas con la Defensoría Pública Estatal, además, se cuenta con la asesoría del despacho jurídico de la Universidad Autónoma de Baja California a través de la Facultad de Derecho de manera gratuita, a las personas privadas de la libertad que solicitan el servicio de orientación jurídica.
