* El diputado Alfredo Vázquez Vázquez y la diputada Evangelina Moreno Guerra indicaron que el servicio público de defensa jurídica que presta dicho Tribunal es pieza clave para salvaguardar los derechos políticos indígenas.
* La incorporación de personas indígenas en instituciones vinculadas con temáticas relativas a pueblos originarios es una obligación del Estado mexicano.
Semanario Balún Canán/ (SBC).-Se presentó en la Cámara de Diputados una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que, en el actual proceso de renovación de la Defensoría Pública Electoral, se designen a personas de origen indígena.
El diputado Alfredo Vázquez Vázquez y la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena, propusieron el punto de acuerdo ya que consideran que el servicio público de defensa jurídica que presta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una pieza clave para salvaguardar los derechos políticos indígenas, por ello, enfatizaron, debe fortalecerse y renovarse por que, hoy día, se requiere de una defensoría pública incluyente y plural, cercana a los pueblos y comunidades indígenas, así como al resto de grupos en situación de vulnerabilidad.
Mencionaron que las y los indígenas del país enfrentan problemas como despojo de tierras y recursos naturales, sus territorios son amenazadas por megaproyectos;
también enfrentan todo tipo de violencia y falta de acceso a la justicia; escasa o nula participación política y toma de decisiones. Asimismo, sostuvieron que la agenda indígena es muy amplia y todos los temas revisten importancia para los pueblos indígenas, por ello, “el presente punto de acuerdo se limita a plantear sobre el estado actual de la representación política indígena y su acceso a la justicia electoral en el ámbito federal”.
Los legisladores morenistas comentaron que, en los últimos años, las instituciones del Estado mexicano, mediante acciones afirmativas o compensatorias, pretenden superar la poca presencia que tienen los pueblos indígenas en los órganos de deliberación política, como son los casos del Poder Legislativo federal y los congresos locales. “Claro ejemplo del primero, son las candidaturas indígenas, vía acción afirmativa, implementadas para las diputaciones federales en los comicios federales de 2018 y 2021; hubo complejidades en cuanto a su instrumentalización por el tema de la usurpación de candidaturas indígenas”, detallaron los legisladores.
Estas acciones a favor de los pueblos indígenas en el ámbito político-electoral, añadieron, permitirán a los pueblos y comunidades tener la oportunidad de acceder a cargos de elección popular, sin que ello implique una discriminación en contra del grueso de la población por la brecha existente. No obstante, “la lucha de los pueblos indígenas para ser parte en los procesos deliberativos no ha sido fácil, lo que ha obligado a tener que judicializar sus derechos político-electorales ante los órganos jurisdiccionales competentes”, apuntaron.
Vázquez Vázquez y Moreno Guerra indicaron que no se debe soslayar el avance significativo que se tiene en la tutela de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, persisten una serie de obstáculos para acceder a una verdadera justicia electoral intercultural, al existir un desconocimiento sobre la forma en que los pueblos indígenas ejercen y recrean su derecho a la participación y representación política.
Precisaron que una gran parte de los operadores jurídicos siguen apelando al monismo jurídico de un Estado etnocentrista, a la interpretación monocultural y no consideran las visiones del “otro”. Es por ello que, en respuesta a las legislaciones acotadas, reconocen los derechos indígenas y la necesidad de recurrir a la vía jurisdiccional para hacer valer sus derechos.
Asimismo, señalaron que es preferible que los miembros de los pueblos indígenas integren y presidan las instituciones que atañen a sus derechos e intereses, sobre todo si se toma en cuenta que el mosaico cultural se integra por 68 pueblos indígenas y el afromexicano y que, de acuerdo con datos oficiales del INEGI, aproximadamente 25 millones de personas se autoadscriben como indígenas, lo que representa 21.5% de la población total del país.
En cuanto a la prestación del servicio de defensoría pública, en agosto de 2022, indicaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reformó su Reglamento Interno, con el fin de crear una nueva Defensoría Pública Electoral, el cual extiende sus servicios a otros grupos en situación de vulnerabilidad para la protección de sus derechos político-electorales. Entre otros cambios relevantes, es el procedimiento de selección de la persona titular de la Defensoría Pública Electoral a través de concurso público, que también será aplicable para la designación de las y los defensores que pretendan integrarla.
Sin embargo, con independencia de los esquemas de profesionalización necesarios para ocupar esos cargos públicos, es deseable que esos espacios sean ocupados por los miembros de los pueblos indígenas, como parte de su lucha histórica y legítima en la reivindicación de sus derechos como “pueblo”, puntualizaron Moreno Guerra y Vázquez Vázquez.
Finalmente, consideraron importante destacar que durante los meses de enero a marzo de 2023 se llevará a cabo el proceso de selección de las y los defensores que integrarán la nueva Defensoría Pública Electoral en términos de la Convocatoria emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
