* Plantea reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Baja California
* Busca homologarla con la Ley Federal, y que las convocatorias públicas se hagan a quienes acrediten mejores condiciones, adicionando que aseguren uso responsable de agua, optimización y uso sustentable de los recursos
Semanario Balún Canán/ Mexicali, B.C., (SBC).- El Diputado César Adrián González García propuso modificar el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Baja California, a efecto de estipular que en la compra o arrendamiento de vehículos automotores, se deba privilegiar aquellos que generen bajas emisiones contaminantes o no generen.
De igual forma, con esta iniciativa se busca adicionar que al igual que está contemplado a nivel federal, las adjudicaciones de convocatorias públicas se hagan a quienes acrediten las mejores condiciones ya contempladas en la Ley, adicionando las que aseguren el uso responsable de agua, optimización y uso sustentables de los recursos, además de la protección al medio ambiente.
En el mismo sentido, señaló que, con la pretensión de buscar la protección al ambiente, se agrega que las adquisiciones de papel para oficina que deban de hacer las dependencias, entidades o unidades administrativas, tengan que ser de materiales que sean principalmente reciclados.
Como resultado de la aprobación de esta reforma, -dijo- sin duda estaremos contribuyendo para el cumplimiento de los compromisos que nuestro país adquirió para mitigar los efectos del cambio climático, y sobre todo logrando que los recursos públicos tengan un destino sustentable, que no abone a la generación de emisiones que acaban impactando en su salud.
Al respecto resaltó que, recientemente a nivel nacional, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa en la que obliga a procurar adquirir a arrendar vehículos automotores que garanticen cero o bajas emisiones de gases contaminantes.
Esta reforma se realizó en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que los sujetos obligados a aplicarla son: las Unidades Administrativas de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Fiscalía General de la República, los Organismos Descentralizados, las Entidades Federativas, los Municipios y los Entes Públicos de unas y otros, que conformen a los convenios con el Ejecutivo Federal hagan adquisiciones con cargo total o parcial a recursos federales.
Así, aunque de cierta manera esta obligación ya aplicaría al Estado y municipios, solamente sería con adquisiciones o arrendamientos que hagan con recursos federales, por ello Adrián González consideró pertinente homologar nuestra legislación en la materia, para que dicha medida también recaiga en la aplicación de recursos estatales.
