* Isabel Rojas Meléndez
Semanario Balún Canán/ Tijuana BC (SBC).– Es requisito tener título profesional en alguna licenciatura, dominio del lenguaje de señas, conocimientos del sistema de escritura braille; también planean, diseñan y elaboran propuestas de material educativo de apoyo con ajustes razonables para más de 34 mil estudiantes con discapacidad, desarrollan clases, evalúan los aprendizajes y cumplen con un horario.
Ellos son los asesores y asesoras de los 288 Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) distribuidos en todo el país, a los que la Secretaría de Educación Pública (SEP) les prometió la creación de plazas profesionales y no les cumplió, regularización de los salarios y tampoco cumplió, además de negarles el reconocimiento como trabajadores de la educación al servicio del Estado y bloquearles cualquier tipo de relación laboral.
A 12 años de su creación, estos centros continúan operando sin estructura y financiamiento propios, han padecido una reducción sin precedente en la asignación de presupuesto y los más de mil 500 asesoras y asesores que forman la planta docente en el país, mes tras mes han visto retenido su pago.
Peor aún, para el ejercicio fiscal 2023, la figura laboral es incierta al omitir el término y función del “asesora/or educativa/o”, “enlace educativo”, “figura solidaria” y “apoyo económico” de las reglas de operación del Programa para la Atención de Planteles Públicos de Educación Media Superior (PAPPEMS), como en años anteriores se venía estableciendo.
El pasado viernes 30 de diciembre, a través del Diario Oficial de la Federación, se publicaron las reglas del PAPPEMS. Por primera vez, para efectos de las reglas de operación, han sido omitidos el término y la función para definir a quienes laboran para este servicio educativo. Es así como comienza el 2023 para los cientos de docentes de CAED en todo el país: sin contrato, plazas, prestaciones, seguro, pago puntual y, ahora, sin claridad en su función, a pesar de mensualmente autoridades educativas les piden un reporte de su trabajo académico con los estudiantes. Sí existen normativas y disposiciones, pero al momento de pagarles las desconocen. ¿Estas son las políticas educativas incluyentes de este gobierno de la 4T para quienes imparten educación a miles de estudiantes con discapacidad?
El PAPFEMS está obligado a dar cumplimiento al artículo 3o. de la Constitución que establece que el Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y que las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. La Ley General de Educación establece que los alumnos con discapacidad tienen derecho a una educación de calidad, lo que debiera dar certidumbre mediante el reconocimiento y contrato laboral entre quienes imparten la enseñanza, ya que sin estos servicios escolares no tendrían oportunidad de continuar estudiando los más de 34 mil alumnos con discapacidad del todo el país
Además de la omisión del perfil y las actividades de los asesores y asesoras en las recién publicadas reglas de operación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modificó la estructura programática del programa en el Presupuesto de Egresos 2023, validando el cambio de denominación de Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad (PAPFEMS) a Atención de Planteles Públicos de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad (PAPPEMS), bajo el argumento de que este cambio está asociado con la ampliación en su cobertura, la canalización de recursos para el fortalecimiento de los servicios y con ello contribuirá a que esta población cuente con mejores oportunidades y herramientas.
¿Será que ahora sí van a ampliar la cobertura?, luego que en este gobierno hubo una reducción de estos centros, pese a que cada año llegan cientos de jóvenes con discapacidad a los CAED a ocupar las mismas dos aulas que les prestan en los planteles operados por las direcciones generales de la Subsecretaría de Educación Media Superior con un ínfimo o nulo número de egresados. Al menos eso ocurre en la Ciudad de México, fuera de aquí la situación en los estados de la república es más que precaria.
Lo cierto es que ahora los “planteles públicos”, se encuentran adscritos a los subsistemas de sostenimiento federal y estatal, y ya dejaron de ser de sostenimiento público. Más allá de la nueva estructura de pagos que plantea la SHCP y que seguramente no garantizará la regularización del salario de cientos de docentes, urge la formalización de los CAED y concretar políticas educativas realistas que aseguren oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes con discapacidad, porque las planteadas por los tres secretarios de Educación Pública que hemos visto desfilar en los cuatro años de este Gobierno, han resultado ser un proyecto fallido.
