Semanario Balún Canán/ Tijuana BC (SBC).– La reciente aprobación de los legisladores de Morena, en respaldo absoluto a las decisiones de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, de incrementar tarifas al agua y al impuesto sobre remuneraciones al producto del trabajo, comúnmente referido como impuesto sobre nómina, atentan contra los principios de equidad y proporcionalidad, en un contexto de dificultad económica en Baja California. Los aumentos fiscales draconianos referidos, le restan también competitividad al Estado de Baja California, al convertirlo en la Entidad con la tasa integrada más alta del país, pues suma un 4.25%, muy por encima de una tasa como la de Jalisco, que no rebasa el 2.5%.
Por tal motivo, abogados expertos en amparo y asuntos fiscales, aseguran que los contribuyentes tienen la opción de ampararse en grupo (amparo colectivo), o en lo individual, contra el decreto 165 del Congreso de BC, que aprobó las altas de tasas y tarifas mencionadas, reformando para ello los artículos 3 y 9 de la ley de ingresos de 2022.
El Despacho JM Gutiérrez y Asociados afirmó lo anterior, y enfatizó que no basta aducir el “eterno y genérico” motivo de que requieren más recursos para el gasto público. Los aumentos son más infames, cuando estos se pretenden obtener de fuentes gravables de base limitada como es la nómina. “Como siempre, los gobiernos inmediatamente quieren exactar más a los contribuyentes cautivos, en este caso los patrones, en lugar de ampliar la base gravable o utilizar contribuciones de espectro más amplio”.
Insistió en que, en el caso del agua, ya basta de ver a ese servicio como un impuesto. Esas tarifas “progresivas”, están muy por encima de lo que un derecho puede gravar: el costo real de la prestación del servicio.
El decreto legislativo que busca aumentar las tasas del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) y Tarifas de Agua, perjudica a los contribuyentes que generan empleos y por tanto, se afecta a la sociedad en general.
Informó que el plazo para ampararse vence el 14 de diciembre, aunque recomendó ingresar las impugnaciones, antes de la fecha límite, es decir durante la primera semana de diciembre.
