* Por Francisco Ruiz
Semanario Balún Canán/ Tijuana BC (SBC).– Es increíble la manera en que ha transcurrido el 2022, incluso ya amenaza con extinguirse. Pero la cuenta regresiva no sólo es para el Año Nuevo, sino para un urgente cambio de Gobierno a nivel federal al que solo le resta un año con 11 meses. En el ocaso lopezhabladorista comenzó el pasado viernes 30 de septiembre, pues, conforme a las reformas estructurales logradas como resultado del Pacto por México (2012), la toma de posesión del próximo presidente de México será el martes 1º de octubre de 2024.
Así, el tres veces candidato y hoy jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, contará con dos meses menos de gestión, comparado con cualquiera de sus antecesores sexenales. Así quedó asentado mediante la reforma político-electoral que se le hizo al artículo 83 de la Carta Magna y que fue hecho público mediante el Diario Oficial de la Federación el lunes 10 de febrero de 2014: “El Presidente (sic) entrará a ejercer su encargo el 1º de octubre y durará en él seis años…”. Y, para no dejar dudas, el artículo 15º transitorio precisa que: “el período presidencial comprendido entre los años 2018 y 2024 iniciará el 1o. de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2024”.
Me parece que también hubiera sido prudente hacer una reforma constitucional al artículo 82, agregando una fracción a la lista de requisitos para ser presidente de México. ¿En qué consistiría? En algo que, a simple vista, podría parecer soso, aunque, en realidad, sería trascendental y que en mi mente se lee:
Artículo 82. Para ser presidente se requiere…
VIII. Ser debidamente instruido, capacitado y actualizado sobre el puesto que desempeñará, esto durante el periodo comprendido entre la entrega de la constancia que lo acredite como presidente electo y la toma de posesión a la que refiere el artículo 87 de esta ley.
La Constitución mexicana vela por el respeto a los derechos humanos y desdeña la discriminación, por lo que, incluir como requisito tener un nivel mínimo de estudios, como una licenciatura, atentaría contra dichos principios. Allende de que un título universitario no necesariamente garantizaría que un funcionario esté debidamente preparado. Sin embargo, especificar que, para cada uno de los cargos de elección popular o de designación, deberán recibir una formación elemental que los prepare para ejercer dignamente el cargo que ostentarán, en mucho contribuiría a un gobierno más profesional. Además de que los pretextos para la ineficiencia e improductividad no tendrían cabida.
Y hablando de nuestra máxima ley, viene a mi memoria (“Como dijo ese gran poeta, que no dijo nada porque no le dieron tiempo”, diría Cantinflas), aquella anécdota político-militar-legislativa en la que Porfirio Díaz, por medio de su Plan de la Noria (1871) y, luego, Plan de Tuxtepec (1876), dijo: “Que ningún ciudadano se perpetúe en el poder y esta será la última revolución”. Aunque después cambió de opinión, presionó a su compadre y sucesor Manuel González para que promoviera una reforma constitucional que permitiera la reelección no inmediata. ¿Y por qué sacar ese tema a colación? Porque fue justamente lo que ocurrió el domingo pasado en Brasil: una reelección no inmediata que celebraron quienes se dicen “demócratas” y “antirreeleccionistas” del cuatrote lopezhabladorista. ¿Será que, como dijo el propio Andrés Manuel, “ya no es don Porfirio, ahora es doña Porfiria”?
Por mi parte, seguiré insistiendo en tres causas que considero sumamente necesarias: la profesionalización de la política, la capacitación efectiva de los funcionarios, así como prohibir la personalización de la administración pública. Mi trinchera es ciudadana, ¿y la tuya?
