Semanario Balún Canán- TIJUANA, B, C,. (SBC).-Con fecha 25 de julio de 2022 el titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, Daniel Pedroza Chávez, determinó el cese de toda acción en contra del ex secretario particular del ex secretario del ayuntamiento, Jorge Salazar Miramontes, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que por su parte, no había delito que perseguir.
Los ministerios públicos de la federación y el Estado, encontraron “sin responsabilidad” de presumible “enriquecimiento ilícito” a Jesús Gabriel Sánchez Farfán, ex secretario particular de la secretaría del ayuntamiento de Tijuana, y ordenaron el archivo definitivo de su caso.
Se estableció por la autoridad Federal, que no se cometían delitos de su competencia por no tratarse de un servidor público o funcionario de ese nivel de gobierno, por lo que lo dejó en libertad, y el tema le fue remitido a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investigara lo que correspondía a su competencia, por un presumible “enriquecimiento ilícito de un funcionario público”, tras ser detenido por policías estatales bajo este supuesto.
Sánchez Farfán fue interceptado a las 19:45 horas del 27 de noviembre de 2021 por elementos de la Guardia Estatal de Seguridad cuando, según dijeron, se encontraba circulando en sentido contrario por la avenida Ermita sur de la colonia Santa Rosa, de Tijuana, mientras tripulaba un vehículo balizado, Ford Bronco de color rojo, y con placas de circulación de Baja California, que además, mostraba luces similares a las utilizadas por unidades policiacas, así como otros aditamentos.
Al ser revisado, se dijo que se le encontró en poder de 277,350 pesos y 1,000 dólares en efectivo, que según los elementos policiacos -y después las autoridades- no pudo comprobar “su legal posesión”.
A raíz de su detención fue dado de baja de su cargo dentro de la administración municipal, en tanto que su entonces jefe directo, Jorge Salazar Miramontes, defendió su inocencia, lo mismo que el gobierno de la ciudad.
Después de averiguaciones, testimonios y documentos que establecieron haber recibido, se determinó que el dinero que el entonces funcionario llevaba consigo correspondía al pago que una familiar estaba haciendo a la madre de Sánchez Farfán, quien según esto, le vendió un vehículo tipo panel modelo 1977, también de la marca Ford, por la cantidad de 300,000 pesos.
Por todo lo anterior, Pedroza Chávez decretó el “no ejercicio de la acción penal” por la comisión del delito y ordenó que la carpeta de investigación se remitiera al archivo definitivo “como asunto total y definitivamente concluido”.
