La Auditoría Superior de la Federación publicó los resultados del gasto público del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el que detectó irregularidades en la compra de medicamentos, atribuidas a la Secretaría de Hacienda.
Sobre los procedimientos de adjudicación para la adquisición y distribución consolidada de bienes terapéuticos se seleccionó para su revisión una muestra de mil 972 millones de pesos, que representó 31.4% de los recursos ejercidos en 2020 por seis mil 288 millones de pesos sobre las contrataciones efectuadas para el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Del proceso de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica número LA-006000993-E4-2019, Hacienda no verificó que las 36 Instituciones Públicas Participantes (IPP) presentaran en tiempo y forma la totalidad de los documentos requeridos para participar en el citado procedimiento, relativos a estos a las demandas agregadas.
En la investigación de mercado no se sustentaron documentalmente los datos registrados en los apartados de la misma, ni se contó con evidencia de que las IPP respondieron a la solicitud, ratificación o, en su caso, rectificación de la demanda agregada, así como del cálculo realizado del Precio Máximo de Referencia de los medicamentos, para, con éste, determinar la demanda agregada de las Instituciones Públicas Participantes en la convocatoria.
La Auditoría acentúa que no se justificó el motivo por el que no se consideraron las cinco sugerencias emitidas por el Testigo Social ni se acreditó su asistencia en algunas reuniones de trabajo realizadas entre Hacienda y los especialistas designados por las IPP. “No se contó con la totalidad de la documentación e información requerida en la convocatoria, en la junta de aclaraciones, en la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, y en el fallo, siendo, entre otros aspectos, que no se proporcionaron los datos de los administradores de 17 Instituciones Públicas Participantes que celebrarían los contratos respectivos. Y se recibieron propuestas de tres licitantes cuyos registros sanitarios no contaron con las vigencias actualizadas”.
También se adjudicó una partida bajo la modalidad de Precio Máximo de Referencia con un sobreprecio que representó una diferencia de más de 253 mil pesos. Y se desechó una partida sin justificar los motivos, no obstante que cumplió con los aspectos técnicos.
“No se atendió la totalidad de las necesidades de medicamentos y bienes terapéuticos de las 792 partidas Requeridas por las 36 Instituciones Públicas Participantes, ya que sólo se licitaron 632 (80%), de las cuales 228 se declararon desiertas, por lo que sólo 404 fueron adjudicadas (63.4%)”.
Sobre las recuperaciones operadas y los montos por aclarar, la Auditoría determinó un monto por un millón 127 mil 487 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 56 mil 224.69 pesos, con motivo de la intervención de la ASF. Mientras un millón 071 mil 262.89 pesos están pendientes de aclaración.
