La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció este lunes el “uso excesivo de la fuerza” durante un operativo militar que dejó 12 muertos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos.
El organismo autónomo advirtió que dentro de las víctimas del enfrentamiento, ocurrido en julio de 2020, había tres personas que estaban reportadas como desaparecidas.
La CNDH emitió una recomendación al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, por la violación a los derechos humanos de las tres víctimas, así como al titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas, Irving Barrios, por no investigar “adecuadamente” los hechos.
“(Se) acreditó la violación al derecho humano a la vida, por uso excesivo de la fuerza, atribuible a personal castrense; así como la vulneración del derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de indebida procuración de justicia, por parte de servidores públicos de la Fiscalía estatal”, indicó en un comunicado.
El hecho ocurrió el 3 de julio de 2020, cuando sujetos armados agredieron a militares que realizaban tareas de “carácter disuasivo” en un convoy en Nuevo Laredo.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) alegó que los soldados repelieron el ataque de los civiles, que iban en tres camionetas, para proteger su integridad física y “en virtud de que ya no se podía hacer uso de ningún otro nivel de fuerza”.
Pero la CNDH documentó que entre las 12 personas muertas había tres personas reportadas como desaparecidas que iban “transportadas en la batea de una de las camionetas donde viajaban los agresores” y que “no accionaron armas de fuego”, según dictaminó la Fiscalía General de la República (FGR).
“Si bien los agentes militares fueron agredidos, este organismo constató que no ponderaron el uso diferenciado de la fuerza y pusieron en riesgo de perder la vida a personas que eran ajenas al enfrentamiento, como fue el caso de las tres víctimas”, sostuvo la comisión.
La recomendación de la CNDH ocurre en medio del creciente rol del Ejército en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El presidente ha defendido una reforma que permite a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública.
Por el hecho de Nuevo Laredo, la CNDH pidió a la Sedena “reparar integralmente el daño a las víctimas indirectas que acrediten el derecho, incluyendo una compensación justa y suficiente”.
También solicitó proporcionarles atención médica y psicológica. “Asimismo, impartir cursos de capacitación sobre el Manual del Uso de la Fuerza, específicamente en lo relativo a derechos humanos”, añadió.
