México conmemora este jueves el Día Internacional contra la Corrupción con la persistente retórica del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de acabar con esta “peste”, aunque, según expertos, con los mismos resultados e incluso retrocesos en transparencia.
Aunque llegó en 2018 con la promesa de “desterrar” la corrupción, especialistas señalan que el Presidente ha concentrado la lucha anticorrupción en su imagen personal, ha debilitado a las instituciones de transparencia y ha usado al Ejército para justificar la opacidad.
En general, “ha habido más retrocesos que avances”, opina Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos: Laboratorio de Políticas Públicas.
“A pesar de que Andrés Manuel usó como uno de los grandes emblemas de su campaña y de su actual Gobierno el combate a la corrupción, nos ha dado señales de que este combate por un lado no va en serio y, por otro lado, quiere hacerlo fuera de las instituciones”, manifiesta.
Entre percepción y realidad
México mostró una mejora y subió en los primeros dos años del mandato de López Obrador del puesto 138 al 124 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional.
El cambio de sexenio “implicó un cambio muy fuerte a nivel de percepción”, expone Irene Tello, directora ejecutiva de la asociación Impunidad Cero.
“Lo bueno es que se sigue mencionando como el principal objetivo de la actual Administración el combate a la impunidad. También hay que señalar que a nivel de percepción al inicio les había ido muy bien”, comenta.
En contraste, creció la proporción de la población que fue víctima de corrupción en un trámite de gobierno, al elevarse a 15.7 % en 2019 del 14.6 % en 2017, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con motivo de este Día Internacional contra la Corrupción.
Además, la población en México pagó por la corrupción 12 mil 769.7 millones de pesos (cerca de 608 millones de dólares), un 64.1 % más que en 2017, añadió el Inegi.
Mientras que el Índice de Estado de Derecho 2021, de The World Justice Project, ubicó en octubre pasado a México en el lugar 135 de 139 naciones evaluadas en corrupción, solo por encima de Uganda, Camerún, Camboya y República Democrática del Congo.
Entre escándalos viejos y nuevos
En este contexto, Tello advierte que “preocupa mucho” que no hay avances en los grandes casos del pasado, ni siquiera en los que el Gobierno menciona como prioridad, como el caso de Odebrecht y Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Preocupa que no se tomen las decisiones necesarias para que realmente se combata la impunidad en los actos de corrupción, no solamente del pasado, sino que ya no se permitan también en la actual Administración”, expresa la directora de Impunidad Cero.
También funcionarios del Gobierno de López Obrador se han salpicado de escándalos, como el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto.
Apenas esta semana se filtró a los diarios que la Fiscalía General de la República (FGR) investigaba el presunto enriquecimiento ilícito de Nieto mientras dirigió la UIF, que a su vez indagaba la compra de autos de lujo y transferencias millonarias de la inmobiliaria del fiscal.
“No solamente no vemos coordinación, sino que vemos una enemistad abierta entre los propios integrantes del Gobierno, cuando se supone que el gran objetivo de esta Administración es acabar con la impunidad en la corrupción”, lamenta Tello.
¿Una promesa cumplida?
Pese al panorama, AMLO ha sostenido que gracias a su ejemplo ha limpiado la corrupción del Gobierno “como se barren las escaleras: de arriba para abajo”. “Lo que debe quedar en claro es que nosotros no somos tapadera de nadie y nos hemos propuesto acabar con la corrupción y la impunidad, sea quien sea”, expresó el Presidente este miércoles en referencia al escándalo de la UIF.
Pero Impunidad Cero y Ethos cuestionan que el “ejemplo personal” sea suficiente, por lo que piden fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que López Obrador ha debilitado.
“A lo que apostamos es a que haya un combate a la corrupción que no dependa de la voluntad política de nadie. Que si ahora está López Obrador y después está otro presidente, que el combate a la corrupción siga teniendo resultados eficaces sin que se use como un arma política”, declara Toledo.
La experta de Ethos denuncia “el ataque constante” del presidente a las asociaciones civiles y al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).
Como ejemplo, enuncia el reciente acuerdo del presidente que clasifica como “seguridad nacional” las obras de infraestructura de su Gobierno, lo que empodera a las Fuerzas Armadas e impide solicitar información sobre los proyectos.
“La información que se clasifica como reservada es muy grande y hay cada vez más inconformidades porque no se reciben respuestas. Este sexenio se ha caracterizado por eso, por una menor apertura a la información”, concluye.
