El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de la lucha anticorrupción su caballo de batalla; incluso, en la Novena Cumbre de Líderes de América del Norte justificó en esos términos su reforma eléctrica.
“Los analistas afirman que hay pocos avances en el país de los que se pueda presumir. México lleva mucho tiempo plagado de corrupción”
Sin embargo, de acuerdo con un artículo de Christine Murray, publicado este lunes en el diario británico Financial Times, AMLO tiene “poco qué presumir”.
La periodista recuerda el caso de Emilio Lozoya, el exjefe de Pemex, la petrolera estatal, y quien tras ser extraditado desde España, desde hace más de un año, anduvo sin problemas en México, hasta que se dieron a conocer fotos suyas comiendo en un restaurante de lujo, que indignaron a la opinión pública. Sólo entonces se solicitó su detención preventiva.
“Los analistas afirman que hay pocos avances en el país de los que se pueda presumir. México lleva mucho tiempo plagado de corrupción, desde sobornos para evitar multas por exceso de velocidad hasta robos multimillonarios en contratos de obras públicas. Cada año, los mexicanos pagan cientos de millones de dólares en sobornos a los funcionarios públicos por trámites básicos del día a día, como la creación de una empresa o el pago de los impuestos de los automóviles, según estimados del organismo de estadísticas INEGI. Transparencia Internacional sitúa a México en el puesto 124 de 180 países”, señala el artículo.
La lucha anticorrupción, insiste, es más bien una “estrategia profundamente influenciada por la política, y con poco qué mostrar”, a pesar de que durante su discurso ante Naciones Unidas, López Obrador presumió la lucha anticorrupción emprendida por la Cuarta Transformación.
La realidad, explica Murray, es muy distinta. Como ejemplo, señala que en dos años y medio, el fiscal anticorrupción sólo ha logrado dos condenas por delitos y los casos de alto perfil avanzan con lentitud.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Internacional en México, dijo al diario financiero que el actual gobierno “no tiene una política de persecución penal; eligen los casos por razones muy poco claras. Esa arbitrariedad es una mala señal en una fiscalía”.
El artículo advierte del “aparente patrón de exoneración de aliados políticos y la persecución de críticos del gobierno y opositores políticos”, tanto por parte de la administración como de los fiscales federales que en teoría, actúan de forma independiente.
Miguel Alfonso Meza, exabogado de la sociedad civil que trabaja actualmente en el gobierno municipal de Monterrey, dijo al Times que el combate a la corrupción no existía, ni antes, ni ahora.
“Antes no se combatía la corrupción para que la gente en el poder pudiera ganar dinero ilegalmente. Ahora no se combate para que el grupo en el poder se consolide, pero además para dañar la democracia y perseguir a los críticos”.
AMLO, resalta el artículo, asegura que “no se está protegiendo a nadie”. También dice, y tiene credibilidad en ello, en que no le interesa amasar dinero para él mismo. El problema, advierte la periodista, “es que las instituciones carecen de la independencia o los recursos necesarios para sostener una verdadera lucha anticorrupción, según los activistas”.
Por ejemplo, explica, “las miles de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han dado escasos resultados en casos penales. A principios de este mes, su director, Santiago Nieto, dimitió tras ser reprendido por el presidente por su fastuosa boda en Guatemala”.
El artículo señala que, además, el mismo AMLO “ha socavado el Sistema Nacional Anticorrupción -destinado a coordinar diferentes instituciones- al calificarlo como la ‘gota que colma el vaso’ en una lucha anticorrupción ‘fingida'”.
Edna Jaime, directora del centro de estudios México Evalúa, dijo al Times que “seguimos teniendo el mismo problema, no tenemos instituciones… que realmente funcionen. El Presidente no ha invertido nada de su capital político ni de sus recursos, no es parte de su proyecto fortalecer estas instituciones”.
