Tras varios días de negociaciones que permitieron modificar la minuta procedente de la Cámara de Diputados, el Senado de la República aprobó por unanimidad el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
Tras arduas deliberaciones entre los coordinadores de los grupos parlamentarios, finalmente se determinó eliminar la facultad de la Cámara de Diputados para imponer su criterio en los casos de desafuero de los gobernadores, con lo que los congresos locales seguirán teniendo esa atribución.
Al aceptar Morena y sus aliados este cambio en el dictamen, se destrabaron las pláticas, lo que hizo posible una votación unánime de 106 votos en favor de esta ley.
La minuta con proyecto de decreto fue devuelta a San Lázaro, toda vez que es la cámara de origen, misma que tendrá que volver a discutirla y votarla.
Esta reforma es reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución Política en materia de juicio político, declaración de procedencia y responsabilidad penal del Presidente de la República.
La nueva ley actualiza, define y regula los procedimientos que permitan sancionar a servidores públicos, incluido el Presidente de la República, gobernadores y otros que violenten el buen funcionamiento de las instituciones públicas.
