* El fin, trabajar de manera coordinada con la autoridad y evitar malas prácticas en perjuicio de sus profesión
Semanario Balún Canán/ TIJUANA, B. C., (SBC).- Para hacer un análisis del actuar de las diversas autoridades, el Presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), Lic. Carlos Atilano Peña, estuvo como invitado expositor en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en Tijuana A. C.
“Desgraciadamente vemos con tristeza la serie de decisiones que tomaron tanto la autoridad Estatal, como Municipal en perjuicio de todos los ciudadanos, desde la implementación de nuevos impuestos, la creación del SAT Estatal y como su único objetivo fue siempre la recaudación, creación y aumento de impuestos”
Atilano Peña dijo que han estado perjudicando los intereses de la sociedad, pero sobre todo de la clase empresarial, por lo que es importante trabajar de la mano y unir esfuerzos para señalar los errores que cometen los funcionarios públicos.
“Por ellos, hoy establecimos el compromiso que colegios de abogados y colegios de contadores y diversos profesionistas firmemos un convenio de colaboración para que de manera conjunta estemos acotando la actuación de las autoridades como reglamentos municipales, la CESPT, IMOS que han perjudicado a los ciudadanos y en caso particular a los profesionistas”
En este sentido, el Presidente del COCI señaló que en zona rio y la zona centro les están exigiendo el pago de derecho para ejercer sus profesiones, para tener las oficinas funcionando lo que ha ocasionado un grave perjuicio a profesionistas, por lo que la idea de la firma de este convenio es hacer un bloque juntos para diseñar y establecer lineamientos hacia la autoridad que les pongan un alto a estas actuaciones.
“Lo más importante es que ya estamos en una etapa de transición donde hay que concientizar a las nuevas autoridades para que cesen con esta política de actuación y tengamos una nueva normatividad de común acuerdo donde todos salgamos beneficiados, que la autoridad tenga el pago de sus derechos, es decir todos trabajando en orden, pero que no se incurra en arbitrariedades como la pretensión del cierre de oficinas a profesionistas”.