* Se programó una segunda audiencia conciliatoria para el viernes próximo, informa el representante legal de los trabajadores, Esteban Capella Ibarra
Semanario Balún Canán/ TIJUANA, B. C., (SBC).- La empresa Coco Beach Bar que empleaba a los 27 trabajadores víctimas del “camionazo” del 8 de junio pasado no acudió al primer citatorio ante la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por lo que este mismo martes se le haría llegar una nueva cita, para el viernes próximo.
El abogado representante de 12 de las 27 víctimas, entre ellos algunos familiares de trabajadores fallecidos durante el percance, licenciado Esteban Capella Ibarra, dijo que la nueva cita es el viernes próximo día 16 del mes en curso a las 9:00 de la mañana, en las mismas oficinas de la STPSBC, en el tercer nivel de Plaza Patria.
Los trabajadores, junto con su representante legal, fueron atendidos por el secretario de Trabajo, Luis Javier Algorri Franco y Sergio Alberto Lagunas Colina, director estatal de inspección de normas laborales, quienes les informaron que se seguirá impulsando una solución por la vía conciliatoria, sin menoscabo de que los empleados puedan acudir a otras instancias.
Durante la plática con autoridades laborales, celebrada en los pasillos del tercer nivel de Plaza Patria, los trabajadores expusieron diversas situaciones que pudieran ser irregulares en su contrato laboral, como el hecho de que varios de ellos al momento del accidente no contaban con Seguro Social pero inexplicablemente fueron inscritos al IMSS dos días antes del accidente.
Asimismo indicaron que prácticamente fueron obligados a acudir al paseo cuyo final fue trágico, pues se les indicó que en caso de negarse a asistir se les penalizaría con un pago de 600 pesos “por gastos generados”, además de que se les suspendería del trabajo por dos semanas.
También, dos empleadas extranjeras, una de origen cubano y otra de Colombia, ambas con visa humanitaria, dijeron estar trabajando con un sueldo de 800 pesos semanales lo cual fue calificado por el secretario de Trabajo como un salario de explotación que está sumamente penado por la ley laboral.
Durante la comparecencia, los medios informativos entrevistaron a Joseline Reséndiz Martínez, una joven de 20 años que recientemente había presentado examen de admisión en la UNAM para cursar primeramente la carrera de enfermería y posteriormente especializarse en terapia física.
Joseline trabajaba como auxiliar de bar tender para ahorrar para sus estudios y perdió el brazo izquierdo durante el percance, situación que cambió diametralmente sus perspectivas futuras.
Y como ella acudieron ante la autoridad laboral otros empleados que también perdieron extremidades superiores durante el accidente, lo mismo que familiares de trabajadores que perdieron la vida, todos con el común denominador de que a un mes y cinco días de la tragedia reciben a cuentagotas el apoyo patronal, y en el peor de los casos nada.
