A siete años del caso Tlatlaya, en el que 22 presuntos delincuentes fueron abatidos por el Ejército, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al gobierno del Estado de México, a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a cumplir la deuda pendiente con las víctimas.
El organismo aseguró que todavía se observa una grave falta de acciones que impiden el acceso a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas, por lo que reiteró el llamado para atender integralmente la recomendación 51VG/2014 por violaciones graves en los hechos de violencia en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, que dejaron 22 personas muertas.
Mediante un comunicado, el organismo externó su preocupación respecto al contexto de violencia estructural generalizada por el que atraviesa el país, al cual, señaló, “se suma el uso de la fuerza letal por parte de elementos del Ejército mexicano”.
Ante ello exhortó a la Sedena a esclarecer los mecanismos que se utilizan para implementar la fuerza letal a partir de la cadena de mando, la cadena de relevo y lo concerniente a la denominada “Operación Dragón” en el marco de las acciones en materia de seguridad de dichas fuerzas públicas, las cuales deben realizarse en todo momento con respeto a los derechos humanos de todas las personas.
Pidió a las autoridades referidas mostrar mayor voluntad política para que se realicen todas las diligencias necesarias, a efecto de asegurar que las personas en situación de víctimas obtengan justicia, reparación del daño, garantía de no repetición y se lleve a cabo el debido proceso de las investigaciones penales.
Consideró que los derechos a la verdad, justicia y reparación son la respuesta que permitirá el esclarecimiento, la investigación, el juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental.
“Estos derechos configuran un pilar fundamental para combatir la impunidad y constituyen un mecanismo de justicia indispensable para todo Estado democrático, pues coadyuva a la no repetición de dichos actos violatorios”, indicó la CNDH.
