TIJUANA BC (SBC).- Es necesario reconstruir el pacto federal para que se canalice a programas específicos a fin de evitar que esos recursos caigan en el gasto público de los Estados, toda vez que estos están sumamente endeudados, enfatizó el maestro Jesús Ruiz Barraza, Rector de la Universidad de Tijuana CUT.
En el marco del Foro Noroeste: Desarrollo Regional, Economía Solidaria e Innovación Social con el tema Política Fiscal y Coordinación Interinstitucional, se tuvo como invitados especiales a los doctores César Miguel Valenzuela Espinoza, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Luis Enrique Higuera, profesor y asistente de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), así como José María Ramos González, profesor-investigador en El Colegio de la Frontera Norte.
El maestro Jesús Ruiz Barraza mencionó que en este momento varios gobernadores mexicanos están planeando hacer un nuevo pacto hacendarios, porque el actual pacto surge en la época de José López Portillo con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Desde que se instituyó el pacto fiscal ha funcionado más o menos bien, pero los Estados reclaman una revisión porque de repente se quedan en una situación complicada financieramente. “Yo creo que si se hubiesen planteado las cuestiones de otra manera el país hubiera avanzado más”, sostuvo.
En Baja California, por ejemplo, se tiene más de cincuenta años con la carretera de cuota Tijuana-Ensenada, reporta ingresos sustantivos que se fan al fisco porque el organismo que lo opera es una instancia pública, qué pasaría si después de los gastos de operación y mantenimiento, la utilidad se hubiera repartido por igual a la federación y al Estado, pero, en el caso de este último, etiquetando un programa carretero.
“Seguramente estaríamos equipados con carreteras de cuatro carriles de Ensenada a San Felipe y se hubiera terminado de construir la carretera de cuatro carriles de San Felipe a Mexicali”, señaló Ruiz Barraza al recordar que ésta carretera, en sus primeros treinta kilómetros, se construyeron en el gobierno de Roberto de la Madrid, luego Xicoténcatl Leyva Mortera agregó un kilómetro, después de eso sólo se han hecho ampliaciones pequeñas pero no ha habido un equipamiento y esto ha desmerecido el desarrollo de San Felipe.
Los ingresos que se obtienen por el cobro de cuotas en las carreteras deben ser incorporados a un ingreso fijo en los Estados para favorecer programas carreteros, reiteró el académico.
Recordó que se han dado caso en los que se han cometido arbitrariedades y carreteras federales las han incorporado al sistema de carreteras de cobranza, un ejemplo es el tramo La Rumorosa a La Rosita en Baja California, que se dijo los ingresos de la cuota carretera ingresaría al fondo precisamente para programas carreteros y nunca se ha visto nada de ese tema.
“No se ha visto en qué han invertido ese dinero, salvo en el gobierno de (Alejandro) González Alcocer que se construyó el tramo desde La Rosita a Mexicali”, apuntó el Rector del CUT al precisar que en Sonora también hay varios tramos de carretera federal que se incorporaron también al sistema de cuotas.
Destacó que las entidades federativas están sumamente endeudadas y, lo que es peor, “no tienen piedad en endeudarse más”.
El actual gobierno de Baja California le pagó a la UABC 1,700 millones de pesos que le quedó debiendo la administración de Federico Vega de Lamadrid, por lo que se quedaron sin recursos lo que provocó que se quedarán sin recursos para enfrentar muchos otros compromisos.
“Tenían que pagarle a la UABC, pero se han contraído deudas enormes en varios estados que están siendo sujetos de revisión por la Secretaría de Hacienda, estimó que, si hubiese una política de puntualidad en el pago de los impuestos por todos los empresarios, México tendría una recaudación muy sustanciosa”, subrayó el maestro Ruiz Barraza.
El Rector de la Universidad de Tijuana CUT mencionó que los empresarios mexicanos quedaron acostumbrados a no pagar impuestos, no lo hacían cuando funcionaba la economía mixta porque los ingresos públicos federales los generaban en más de un setenta por ciento y los aprovechamientos de los organismos públicos y las empresas, pero había un segmento de superior al veinte por ciento que los pagaban los ciudadanos.
Con las privatizaciones deja de haber ese ingreso en las arcas públicas, surge así la escasez de fondos públicos y se inicia el gran endeudamiento.
“Hoy en día es ridículo que le atribuyen a Echeverría que endeudo al país”, enfatizó el maestro Jesús Ruiz Barraza al exponer que la administración de Luis Echeverría se endeudo con 14 mil millones de dólares, pero solamente la infraestructura que construyó en Tijuana y la inversión que se generó en el río, supera este endeudamiento, a lo que habría de sumarse la inversión enorme que se hizo en Cancún, Ixtapa, Lázaro Cárdenas, Las Truchas, así como en materia de educación con un 117 por ciento de incremento en educación superior.
“Es la única deuda productiva que se ha contraído en el país”, subrayó Ruiz Barraza al precisar que las demás deudas han sido para renegociar y por ello “estamos en un endeudamiento brutal porque se dejó pasar la bonanza petrolera y no se aprovechó para resolver los problemas estructurales de México”, finalizó.
César Valenzuela Espinoza
El doctor César Miguel Valenzuela Espinoza, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), mencionó que la situación financiera en México se ha visto reducida drásticamente, debido a ello, en la última década el gobierno federal ha cambiado su base de sustentación fiscal, de los recursos petroleros a los fiscales.
Recordó que, si bien los ingresos provenientes del petróleo han caído considerablemente, esto se ha visto reflejado en el esquema fiscal de México que también se ha visto afectado, y esto está ligado a la situación que enfrentan los gobiernos municipales y estatales en el país.
“La situación está implicando serios problemas en el ámbito nacional por la reducción de la actividad económica y los problemas que esto implica en términos de lo que es la recaudación fiscal”, apuntó el también consultor independiente.
Expuso que el Sistema Nacional de Cooperación Fiscal inició en los años ochenta durante la administración de José López Portillo, cuyo diseño se basó en un esquema para redistribuir los beneficios bajo una serie de criterios donde prevaleció el de la población, es decir, aquella entidad con mayor población sería la que recibiría más recursos “lo que no ha cambiado mucho, pero ha sufrido modificaciones.
Valenzuela Espinoza explicó que a través de las participaciones federales se determina la cantidad de ingresos que se le asignará a cada entidad federativa y a los municipios. Sin embargo, en el año 1997, ante una crisis de deuda que enfrentan los estados y las administraciones municipales en México, estas entidades son obligadas a replantear la situación fiscal, aparece entonces el Ramo 33.
Las participaciones federales como el Ramos 33 son recursos económicos que constitucionalmente otorga el gobierno federal a los estados y municipios, “no se trata de disposiciones del Presidente en turno, sino de una disposición constitucional”, reiteró el académico de la UAS al precisar que es precisamente el gobierno federal es quien “lleva la sartén por el mando” pero en muchas reuniones de coordinación fiscal, los municipios y los estados han expresado su intención por tener mayores competencias.
Destacó que el principal recurso de distribución en México eran los provenientes de los ingresos petroleros, que en la última década se han reducido debido a que la capacidad de producción y de exportación del crudo también ha disminuido considerablemente. Esto ha obligado a que la federación realice cambios en su sistema de fiscal.
“Entonces empieza a apretar en el cobro del IVA, del ISR, y, a su vez, presiona a los estados y municipios para que sean más eficientes”, dijo César Valenzuela a señalar que los municipios son responsables de cobrar el impuesto predial, el derecho de piso y otros diferentes impuestos, mientras que los estados empiezan a ser evaluados en términos de su capacidad recaudadora para poder tener una mejor posición en la distribución de recursos federales.
Presentó un trabajo que se desarrolló en Los Cabos, Baja California Sur, en el que se aplicaron mecanismos de diseño institucional para crear un órgano administrador de la zona federal marítimo terrestre con una recaudación de alrededor de 120 millones de dólares, pero, además se realiza un esfuerzo relevante para la certificación de playas a través de Blue Flag, la más importante en México y América, que compite con otras certificadoras de playas de Europa.
Enrique Higuera
El doctor Luis Enrique Higuera, profesor y asistente de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas en la UABC, compartió algunos aspectos con relación al tema de la transparencia, la gobernanza y la fiscalización.
Explicó que a través de la fiscalización se busca mejorar el éxito de las políticas públicas y a tener una constancia respecto a las necesidades que requieren ser resueltas mediante el gasto público en las diversas demandas que plantea la ciudadanía hacia las diferentes instituciones gubernamentales.
En el último año, debido a la pandemia por coronavirus, se han tenido retos a nivel económico, político y social, por lo que los programas de gobierno se han tenido que ajustar para hacer frente a esta situación, ya que para alcanzar mejores resultados en materia de fiscalización se han tenido que establecer nuevas estrategias y dejar de lado el sentido recaudatorio.
Los organismos fiscalizadores han logrado cumplir con la planeación, ejecución, validación y evaluación de los resultados de las políticas públicas, con relación a la eficiencia y efectividad de los bienes y servicios públicos del sector gubernamental, lo que a su vez propicia bienestar social.
“Como resultado de la pandemia se han tenido que generar diversas adecuaciones y transformaciones, no sólo en la forma de fiscalizar sino incluso en la manera de hacer gobierno”, puntualizó Enrique Higuera.
Por el lado de la alternancia política, señaló que había objetivos específicos respecto a la fiscalización y a la transformación institucional con los que se rompe para tener un conocimiento pleno en cuanto al uso indiscriminado de recursos, lo que conlleva a contrarrestar la corrupción y con todas aquellas situaciones irregulares que se venían presentando.
Luego con el tema del COVID-19, no se cuenta con el cien por ciento del personal, una parte corresponde a población vulnerable por lo que tienen que resguardarse en su domicilio; las instituciones, dependencias, organismos autónomos y universidades laboran con poco personal o, de plano, dejan de prestar servicio. En este sentido, surgen grandes problemas de cómo fiscalizar, cómo darle seguimiento a la normatividad que por ley exige cumplir con ciertas fechas y pautas establecidas, todo esto obliga a un cambio.
En el caso de Baja California, por ejemplo, el personal de Auditoría Superior del Estado, de un total de sesenta auditores sólo quedaron doce personas que eran las que podían llevar a cabo la fiscalización de todos los clientes que corresponden a esta dependencia, obviamente el trabajo de estos doce elementos fue rebasado no sólo por la especificación de cada auditoría sino incluso por los nuevos requerimientos normativos de seguimiento de los recursos públicos y al cierre temporal o parcial de la actividad gubernamental.
Bajo este contexto fue necesario también fortalecer el marco legal, subrayó el académico de la UABC al señalar que esto ayudó a reconfigurar la estructura normativa para incorporar el uso de nuevas tecnologías y de nuevos procedimientos para llevar a cabo la fiscalización, lo que dio como resultado un ajuste en la ejecución del Plan Anual de Fiscalización.
“Si bien no hablamos de auditorías exprés si se trata de auditorías no tan a fondo, sino más sustantivas, pero sin dejar ningún tema particular fuera de la fiscalización”, dijo el también colaborador de proyectos en El Colegio de la Frontera Norte al precisar que fue igualmente necesario incluir estrategias de colaboración interinstitucional para empatar horarios, turnos, la apertura de los espacios donde se lleve a cabo la fiscalización.
Destacó que la fiscalización surge no porque se desconfíe del uso que se les da a los recursos públicos, sino porque el objetivo es garantizar que estos recursos lleguen a ser ejecutados en los programas y proyectos para los cuales fueron destinados, y se cumpla así con el objetivo de resolver aquellas demandas que la misma sociedad ha planteado como temas importantes que requieren ser atendidos por los gobernantes.
Las conclusiones de esta sexta edición del Foro Noroeste estuvieron a cargo del doctor José María Ramos González, Profesor-Investigador de El Colegio de la Frontera Norte, mientras que las palabras de agradecimiento a los invitados especiales y la clausura fueron emitidas por el Rector del Sistema CUT Universidad, maestro Jesús Ruiz Barraza.
